Una mirada a la política de seguridad democrática. La lucha contra el narcotráfico

ÉXITO O FRACASO DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA EN ELTEMA DE NARCOTRAFICO
LAURA HERNÁNDEZ VIANA, JANETH MEDINA CASTILLO Y CATALINA ORTIZ ASTORQUIZA

El narcotráfico comprende las diferentes fases de cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos. Para la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia, el Gobierno implementó un plan integral (Seguridad Democrática) que permite actuar de manera coordinada y efectiva sobre cada eslabón de la cadena del negocio de las drogas ilícitas, por medio de las siguientes estrategias:

La primera estrategia consiste en el control de la actividad de lavado de activos, para evitar que los narcotraficantes puedan usufructuar el producto de la actividad ilícita del narcotráfico y su posible reinversión en nuevas operaciones de drogas, para lo cual se utilizan diferentes mecanismos. El primer mecanismo, son los acuerdos internacionales dentro de los cuales se encuentran la Convención de Viena Contra el Narcotráfico 1988, la Convención de Palermo del año 2000: Contra la Delincuencia Organizada y los Principios de Basilea (los 11 países más importantes del mundo se reúnen y dan unas recomendaciones para evitar el lavado de activos). El segundo mecanismo, es la actuación de la banca controlando los movimientos financieros, para este propósito es creada la Unidad de investigación y Análisis Financiero (UIAF) y el Sistema Integrado de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y, por otro lado encontramos el Código Penal tipificando el delito de lavado de activos en sus artículos 323 y 325.

La segunda estrategia es la operación militar, que se da como consecuencia de la certeza del vínculo directo de los paramilitares y los grupos guerrilleros con el narcotráfico, y la consolidación de la droga como la fuente principal de sus recursos. También son implementadas diferentes estrategias militares para acabar con estos grupos al margen de la ley, proporcionando estímulos a los guerrilleros y paramilitares para que deserten.

La tercera estrategia es el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, por medio del mantenimiento de figuras como la extinción de dominio para atacar el testaferrato, el lavado de activos y la lucha para la reducción del consumo. Así mismo, el gobierno ha expresado claramente su posición favorable frente a la penalización de la droga pues la considera como una forma eficiente de reducir el consumo, y que por el contrario su despenalización implicaría un deterioro a la moral social.

La última estrategia consiste en la erradicación de los cultivos, la acción social y reducción del consumo. El Estado ha optado por la interdicción sobre la producción, insumos y precursores químicos necesarios para la producción y comercialización de estupefacientes por vía aérea, terrestre, marítima y fluvial de la droga, de tal forma se reduzcan los incentivos para la siembra de cultivos ilícitos. De igual forma, optó por la erradicación por medio de aspersión aérea con glifosato (efectivo y ambientalmente aconsejable), en todas las áreas del país donde se detecten cultivos de coca y amapola. De la misma forma ha implementado programas sostenibles de desarrollo para la población de cultivadores, como el programa de familias guardabosques y programas de concientización para desestimular el consumo interno de drogas.

Los resultados de la interdicción dentro del marco se la seguridad democrática se pueden evidenciar entre el periodo 2002 a 2006, con un total de aspersión aérea de 710.532 hectáreas y por erradicación manual de 92.851 hectáreas, en incautaciones de cocaína 656.391 kilogramos y 8.907 laboratorios destruidos, en insumos líquidos incautados 10.459.890 galones.

En 2006 el gobierno presento un nuevo plan de desarrollo donde fijo la política de fortalecer la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea y la erradicación manual, dándole preponderancia a la segunda; el diseño de una política de control y restricción a los precursores agroquímicos; la interdicción y control al tráfico de armas y sustancias prohibidas, controlando el comercio por todas las rutas de comunicación; la continuidad en el cumplimiento de los convenios internacionales y buscar firmar nuevos acuerdos mediante una fuerte campaña diplomática que busque además atacar el corazón financiero y fortalecer la cooperación de inteligencia; el control de lavado de activos y extinción de dominio, fortaleciendo las instituciones especializadas en el tema y utilizar los recursos de la venta de bienes ilícitos para dar rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen; reducción de la demanda de drogas, buscando una aplicación efectiva de la política antidroga y emprender campañas de difusión de los perjuicios; una política de responsabilidad compartida, que busca una lucha mundial contra el consumo de drogas, en especial con los países consumidores, para esto Colombia busca un papel activo en las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA.

El anterior programa aunque ha mostrado mejoría, está lejos de solucionar el problema, el mismo Presidente Uribe en la Asamblea General de la ONU en 2008 manifestó: “Nuestro gobierno solicita la sanción al consumo, en nuestro país y la comunidad internacional. Hemos extraditado más de 800 personas, este año debemos fumigar 130.000 hectáreas de coca y 100.000 deben ser erradicadas manualmente. En los últimos años se han confiscado 10.000 bienes. Sin embargo no hay reducción importante de aéreas de siembras y el consumo aumenta”.

Al analizar la política de seguridad democrática desde otra perspectiva con respecto al narcotráfico, es importante mencionar cuales han sido los aspectos negativos de la aplicación de la misma, los cuales agrupamos en tres grandes bloques: erradicación manual y aspersión aérea, política internacional, y penalización y fortalecimiento de la justicia.

En el primer bloque, uno de los puntos importantes de la política de seguridad democrática en relación al narcotráfico es la erradicación de cultivos ilícitos por medio de la aspersión aérea, ya que para la aplicación de estas operaciones de fumigación se utiliza glifosato, y es precisamente éste el elemento esencial que ha generado una gran polémica, pues al analizar las observaciones que plantea la Universidad Nacional (Instituto de Estudios Ambientales), frente al “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, es trascendental dar a conocer las cifras que arroja la Universidad al respecto, como quiera que el 25,6% son hectáreas afectadas por depósitos de glifosato fuera del objetivo, esto quiere decir que “ (…) por lo menos una de cada cuatro operaciones de fumigación afecta zonas aledañas a los cultivos de coca.” Asimismo es importante tener en cuenta que los bosques húmedos tropicales que son las zonas donde principalmente se cultiva la coca, constituyen las áreas más sensibles de la biodiversidad, y son estas zonas los objetivos de la fumigación.

Cabe resaltar que no consideramos adecuada la política actual de erradicación, por lo que proponemos una reestructuración de la misma. La erradicación manual debe implicar la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas propios de cada región. Sin lugar a dudas el narcotráfico, como modelo de producción ha sido un éxito. La colocación de recursos económicos y la garantía de compra de los productos por parte de los narcotraficantes, ha asegurado la persistencia del sistema.

En nuestra opinión, la solución consiste en copiar el modelo operativo utilizado para la producción de coca y aplicarlo a la producción de cultivos sustitutos. El estado debe promover la asociación de la población campesina en cooperativas y facilitar el capital para su funcionamiento. La figura del narcotraficante es sustituida por la cooperativa, la cual para su constitución y funcionamiento requiere un decidido apoyo del Estado.

Es de advertir que dada la variada geografía de las zonas utilizadas por los narcotraficantes, algunas de las plantaciones sembradas en zonas inhóspitas y selváticas, son de difícil y peligroso acceso para hacer la erradicación manual, por lo que la aspersión aérea seguiría siendo una política necesaria para erradicar estos cultivos ilícitos.

Ante esta realidad, seria plausible recomendar al Gobierno Nacional, contratar un estudio autónomo y especializado con organismos internacionales, al margen de las ideologías políticas, e independientes de intereses económicos particulares, sobre los efectos que el glifosato tiene sobre la población en general, el agua, la flora, la fauna y el ecosistema en su conjunto. Dependiendo de los resultados del estudio, se tomará la decisión de adoptar otra política antidrogas en la erradicación de cultivos, o mantener la actual.

En el segundo bloque, otro aspecto relevante que plantea la seguridad democrática es el fortalecimiento del marco jurídico, sin embargo después de analizar las diferentes normas jurídicas relacionadas con el narcotráfico, es posible concluir el ordenamiento tiene normas suficientemente represivas para condenar los delitos referidos al narcotráfico, no obstante sería más útil y eficiente buscar una mejor aplicabilidad del marco jurídico, que aumentar la penalización de tales delitos, pues esta medida no necesariamente llevará a los resultados más eficaces. Adicionalmente consideramos que el problema del narcotráfico tiene que estar acompañado de una política que permita tratar a las personas adictas como enfermos y no como delincuentes, es decir, analizar la situación como una problemática de salud pública, sin embargo es imperativo combatir el crimen organizado, es decir, a los comercializadores y productores aplicarles con todo rigor las normas que consagra el ordenamiento jurídico.

En el tercer bloque, la política de seguridad democrática en relación al narcotráfico tiene como uno de sus objetivos la interdicción sobre insumos y precursores químicos necesarios para la producción y comercialización de estupefacientes, motivo por el cual sería de gran utilidad lograr acuerdos de cooperación multilaterales que busquen mejorar la aplicabilidad de medidas tendientes a impedir el mercado negro de los precursores químicos usados en la producción de estupefacientes.

En el mismo orden de ideas, es necesario que existan tratados internacionales para afrontar la responsabilidad reciproca entre los países productores y consumidores, teniendo en cuenta que mientras se dé aplicabilidad a la ley de oferta y demanda, y ésta ultima exista, continuará la producción de narcóticos en los países productores para saciar la demanda de los consumidores.

La Comisión Latinoamericana sobre drogas y Democracia en febrero de 2009 manifestó que la lucha de treinta años para combatir la producción de drogas ilegales han resultado un fracaso, donde el resultado no es solo violencia creciente, sino un aumento del consumo y una amenaza creciente contra la democracia, por ello exige abrir un debate internacional en torno al trato del consumidor como paciente del sistema de salud pública, y no como un criminal, enfatizar las estrategias de prevención, atacar el crimen organizado, e incluso despenalizar la marihuana. Justifican su propuesta entre otras razones, que en caso colombiano se han invertido desde el año 2000 seis mil millones de dólares en el Plan Colombia y no se ha reducido la cantidad de toneladas de cocaína que se producen y las áreas cultivadas aunque disminuyeron en algunos años están aumentando de nuevo, e insisten que sin una reducción drástica del consumo en Estados Unidos y Europa, el narcotráfico seguirá intacto.

Por último, teniendo en cuenta los pobres resultados y el fracaso de la lucha antidrogas ante los esfuerzos económicos, políticos, sociales, en términos de vidas humanas, violencia y terrorismo en países productores, y que el lucro del negocio del narcotráfico es de tales proporciones que cualquier política para combatirlo es irrisoria frente al poder económico que este mantiene, proponemos un debate serio en la comunidad internacional con la participación activa de los países consumidores y productores de drogas ilícitas en torno a la legalización de la droga.

Esta propuesta debe necesariamente estar vinculada a una política de salud pública para el tratamiento de los consumidores, campañas de prevención agresivas en centros educativos y en medios masivos de comunicación. Esta política debería ser adoptada con antelación a la legalización de las drogas. La legalización debe plantearse y ejecutarse de modo progresivo, dado el impacto en la comunidad en los aspectos sociales y morales, como quiera que la sociedad no está preparada para afrontar los efectos nocivos que las drogas ejercen sobre la población, al despenalizar totalmente su cultivo, producción y comercialización.

La reforma política. ¿Por qué interesa a todos?

REFORMA POLÍTICA - ASPECTOS POSITIVOS PARA LA COALICIÓN DE GOBIERNO
ANDRES MAURICIO ESCORCIA MARTINEZ

Hay aspectos en la reforma política que deben ser vistos como un capital de inversión a futuro, que le son convenientes a los partidos y las personas pertenecientes a la coalición el gobierno, que han visto diezmadas su capacidad de maniobra y credibilidad a medida que la ‘para-política’ da cada vez un número más significativos de bajas a sus filas, sin embargo, esto puede ser utilizado de manera positiva presentando imágenes de partidos depurados para los próximos comicios electorales, argumentando que los candidatos que presentan ya han sido investigados hasta la saciedad, porque los malos elementos ya están en la cárcel o alejados de sus ‘toldos’ electorales.

En este sentido, debe ser muy diligente la colación de gobierno en impulsar la Reforma Político, y hace pública su decisión relativa a convocar la:

“Responsabilidad de Partidos Políticos: Los partidos, movimientos, y grupos significativos de ciudadanos deben ser responsables por las calidades de los candidatos avalados. Si estos resultan condenados por la comisión de los delitos relacionados con terrorismo o narcotráfico, el respectivo partido o movimiento debe ser sancionado.
Para ello se propone reformar el artículo 108 de la Carta, definiendo sanciones a los partidos que pierdan representación en cargos uninominales de elección popular tales como la pérdida de curul para el partido y la restricción al derecho de proponer terna para reemplazar gobernadores y alcaldes suspendidos por comisión de estos mismos delitos.
Esta responsabilidad por los candidatos que respalden, imponen al partido la obligación de diseñar e implementar sistemas de control internos que disminuyan las probabilidades de ser infiltrados por organizaciones ilegales.”

De esta manera, salvan un poco su responsabilidad frente al país y proyectan una imagen positiva y de equidad frente a los electores que ya están cansados de tantos escándalos de corrupción, porque sin duda resulta muy frustrante para cualquier persona que el candidato por el que votó resultó implicado en algún tipo de crimen; en consecuencia, en aras de recuperar ese capital electoral, los partidos de la coalición deben procurar limpiar su nombre, para ganar credibilidad a través de la transparencia.

No obstante, esta no sería el único aspecto positivo para ellos, sino que habría otro más que le sería conveniente a futuro. En el eventual caso de que el gobierno fuera asumido por los hoy llamados opositores, debe seguir investigándose la denominada ‘Farc-política’, para diezmar de la misma manera a los partidos contrarios y hacerlos perder sus curules.

Para nadie es un secreto, que la guerrilla extorsiona, secuestra y está involucrada en el narcotráfico, por tanto, así como todos los carteles de la droga, tiene mucho dinero que ponen a circular y han apoyado de alguna manera a algunos políticos, tal como lo hicieron los paramilitares. Es cuestión de encontrar esos vínculos y realizar las investigaciones que conduzcan a desenmascarar a estas personas que de manera ilegítima ocupan los cargos públicos, porque así como nadie quiere representantes de los paramilitares, tampoco de la guerrilla.

En este sentido, la reforma política vendría a constituir para la coalición de gobierno un elemento de sacrificio en este momento, pero posteriormente se convertiría en un arma legal devastadora. Esto, parece muy duro, pero así hay que entender la política, como una carrera por los puestos burocráticos, porque de nada sirve un partido con muchas cualidades y poca representación.

En otras palabras, los partidos ‘gobiernistas’ deben esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor, tal como reza el adagio popular, y esta es una forma de preparar planes de contingencia a futuro. Aunque de todas maneras esto de la ‘Farc-política’ es un debate que el país está esperando y que debe darse en algún momento, así, sí los opositores pierden frente a los actuales alineados, esta además sería una forma de propinarles un golpe definitivo, para que por ejemplo, El Polo Democrático Alternativo se disolviera, mientras que los partidos de derecha se consolidan y pueden ejecutar planes y proyectos de acuerdo con sus principios, basados en una capacidad de maniobra ostentosa.

Finalmente, vale la pena destacar, que esta es una visión que puede resultar polémica por su crudeza, pero no por ello deja de ser real y analítica de la situación particular que se propuso investigar, y que espera haberlo logrado sin sesgos, sino con la verdad desnuda.



LOS PUNTOS POSITIVOS DE LA REFORMA POLÍTICA PARA LA OPOSICIÓN
ANDRES MAURICIO ESCORCIA MARTINEZ

En virtud de que alrededor de la figura del Presidente Álvaro Uribe Vélez se generaron muchos movimientos políticos que han venido utilizando su figura como slogan de campaña, se han presentado muchos casos en los que las posiciones de los congresistas y otros miembros del Estado no es clara con respecto a su militancia en un partido político en particular, por ello al tener en cuenta que la Reforma propone:

“Doble Militancia: Define la doble militancia de ciudadanos como la pertenencia a más de un partido o el apoyo a candidatos pertenecientes a otros partidos. Se establece que quienes incurran en ella y resulten elegidos o estén ocupando cargos de elección pierdan la respectiva curul o cargo.”

En este sentido, esta figura podría ser utilizada como una herramienta de control político a los denominados ‘uribistas’, para que fijen sus posiciones y permanezcan dentro de una organización política en particular, evitando las ambigüedades que genera la doble militancia.

Adicional a lo anterior, siempre es bueno saber con quién se cuenta y con quién no, de esta manera se haría una ‘purga’ al interior de los partidos, permitiendo que la dispersión de las posiciones sea menor y por tanto, los lineamientos más definidos; hecho que es percibido por los electores de manera positiva, porque al ver un partido unido y con posiciones claras, el votante tiene una idea más clara de por qué debe o no apoyar a dicha organización en cabeza de sus postulados.

De otra parte está el hecho de que la Reforma también es muy clara en tratar de evitar los denominados ‘carruseles’, en donde un funcionario que salía de su cargo, así fuera por mala conducta, se lo ‘heredaba’ a un familiar o aliado suyo y así sucesivamente, por ello es importante que la reforma sea aprobada para la oposición, debido a que presenta en uno de sus postulados:

“Inhabilidad a familiares de condenados: Con el objeto de evitar que servidores y funcionarios de elección popular sancionados por la comisión de los delitos relacionados con terrorismo o narcotráfico, sean reemplazados por personas que puedan pertenecer, o tener relación con las mismas estructuras delincuenciales, se propone incorporar nueva causal de inhabilidad en el artículo 122 de la Constitución Política, estableciendo una para los familiares de quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia o patrocinio de grupos armados ilegales. Aplicando esta prohibición, se garantiza que algunas estrategias para que grupos delincuenciales que los hayan respaldado puedan mantenerse activos mediante la sustitución de los candidatos condenados por otros pertenecientes al circulo familiar inmediato.”

En virtud de que las personas envueltas en los escándalos de la denominada ‘para-política’ están relacionadas en su mayoría con los partidos de la coalición del gobierno, esto sería muy conveniente para la oposición, porque eventualmente lograría apoderarse estos escaños o curules. Por esta razón, para ellos sería fundamental que se aprobara la Reforma, porque podrían ganar en los escritorios lo que no ganaron en las urnas.

Lo anterior visto con el ojo desnudo de la visión de los políticos que ven en los electores y en los puestos públicos sus más preciados activos dentro de lo actualmente denominan targets del marketing político, porque ello además resulta positivo para el desarrollo de las instituciones en el país, porque se tendrían mejores y más ordenados partidos políticos, con mayores niveles de transparencia; sin embargo, no es esto precisamente lo que motiva a los opositores en el Congreso de la República a votar a favor o en contra de la Reforma.

En conclusión, es necesario que la oposición deje de un lado sus rencillas políticas y valore los aspectos positivos y negativos de este importante proceso político, para que tome una decisión acertada, y ojalá dicha decisión fuera tomada también pensando en el bienestar del Estado y la Nación, y no solo de los intereses partidistas que se miden en unidades burocráticas ganadas. Infortunadamente, el país tiene que ver a diario cómo se hace pornografía con el descalabro de las instituciones y las personas, en una batalla que enfrenta a ‘gobiernistas’ y opositores en una pelea sin fin que desgasta al congreso y demás estamentos estatales en las cortes y los medios de comunicación que no es conducente a nada bueno, y que no es un debate digno de una democracia seria, en donde se debería vencer al enemigo con argumentos y no con injurias e insultos personales.

BIBLIOGRAFÍA
CIFUENTES Francisco. La Reforma Política. En http://www.elabedul.net/San_Alejo/Reforma_politica/index.php

Una mirada a la seguridad democrática. La desmovilización de las autodefensas

DESMOVILIZACION

CAMILO BALLESTEROS, JUAN ARTURO GONZÁLEZ, JHONATAN HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JUAN JOSÉ HUERTAS, DALIA ROCÍO RODRÍGUEZ QUIÑONES

En primer término, en necesario situarnos en el contexto histórico de creación de las Autodefensas; ya que sólo entendiendo sus orígenes es posible entender su desarrollo, y más importante aún, sus consecuencias.

Debemos decir, antes que nada, que el conflicto en Colombia es muy antiguo. De hecho, no es atrevido asegurar que han sido escasos, por no decir inexistentes, los lapsos “pacíficos” en la historia del país. Ya en el proceso de formación del Estado Colombiano, en el siglo XIX, pueden advertirse este tipo de escenarios: las numerosas guerras civiles, la fundación de los partidos políticos y la posterior polarización que llevaría –décadas después- a uno de los periodos más sangrientos en la historia, son muestra de la constante convulsión en que vivimos.

En efecto, podemos afirmar que este país ha vivido en permanente conflicto. La actual situación no es la excepción; al contrario, la historia reciente (últimos 25 años) ha sido terriblemente convulsionada, llena de acontecimientos importantes a la hora de entender el conflicto actual. Pero incluso antes de esto, hacia mediados del siglo pasado, sucedió en Colombia una época negra. La llamada Violencia promovió el odio interpartidista, los asesinatos brutales y la polarización del país. Como solución a esta situación se generó el Frente Nacional, de todos conocido. Durante este periodo, aunque se logró calmar el ambiente hostil, se fomentó el sistema biparditista exclusivo; es decir, no se permitió el acceso al sistema político a personas que no tuvieran filiaciones conservadoras o liberales. Esto, desde luego, generó un ambiente de nueva polarización, esta vez entre quienes tenían acceso al Gobierno y quienes no.

En consecuencia, en los años 60, se generó un movimiento insurgente conformado por varios grupos, como las FARC, el ELN, el EPL, y más adelante el M-19. Todas estas guerrillas armadas, de ideología izquierdista, iniciaron sus respectivas “revoluciones” hinchadas de comunismo e inspiradas en los modelos soviéticos, chinos y cubanos. Rápidamente estos grupos perdieron los ideales que alguna vez tuvieron e, influenciados por el dinero rápido y las extravagancias del narcotráfico en los años 70 y 80, se convirtieron en grupos puramente interesados en el dinero. En medio de su brutal búsqueda de recursos, iniciaron prácticas terroristas, tales como el secuestro, la extorsión y la famosa aplicación de vacunas. Todo esto generó desespero en la población, sobre todo en las áreas rurales, pues se sentían desprotegidos por el Estado y veían como su patrimonio y sus vidas estaban en constante riesgo. Así, grupos de ganaderos, terratenientes y potentados iniciaron la creación de grupos armados, que en el inicio eran pequeños ejércitos privados dedicados a defender la vida y el patrimonio de sus latifundistas.

De nuevo, esto degeneró en intereses económicos patrocinados por el gran cáncer de la sociedad colombiana: el narcotráfico. A principios de los 90, las autodefensas dejaron ver su talante verdadero e iniciando el siglo XXI cometieron algunos de los crímenes más bárbaros posibles.

Así, se llegó a lo que fue el culmen del paramilitarismo: el proceso de desmovilización, objeto del presente ensayo.

Sin duda el desarrollo del proceso de desmovilización en Colombia ha sido un éxito; el desarme y la entrega de más de 40 mil hombres que hacían parte de grupos al margen de la ley, produjeron un cambio significativo (disminución) en las cifras que se tenían de secuestros, asesinatos y actos terroristas en nuestro país.

Se dice que partir de Octubre de 2002 cuando por medio del obispo de Montería las AUC declaró el cese de hostilidades y se iniciaron los diálogos con la presidencia, Colombia vive otro panorama. Un panorama que emprendió la búsqueda de Paz, intentando hacer el menor daño posible; de ahí que a pesar de las criticas que se le hacen al proceso de desmovilización por tener como marco jurídico la “Ley de justicia y paz”, (ley con cierto grado de impunidad para algunos) el gobierno considere que es la mejor vía para lograr lo propuesto en la política de seguridad democrática. De lo contrario si la ley no se hubiese aplicado con los incentivos, deberes y garantías que se establecieron, el fracaso de la misma era de esperarse.

Sin embargo es necesario hacer un análisis desde la perspectiva y la dimensión de las personas desmovilizadas lo cual permitirá la visión de nuevos problemas que han surgido en el país, porque si bien la violencia política dentro del territorio ha disminuido en gran medida, la violencia común y local ha venido en aumento y las cifras de desplazamiento cada año se incrementan mas.

Existen varios problemas que es necesario mencionar a continuación para realizar una conclusión objetiva sobre el proceso de desmovilización. Primero que todo es necesario cuestionar si la formación que reciben los reinsertados es acorde a ellos, a su personalidad y sus costumbres. Muy probablemente no, debido a que son personas que provienen por lo general del campo y la formación que reciben es netamente citadina (cosmetología, mercadeo, confección). Por otra parte, en la medida en que ellos estén trabajando en empresas de seguridad, como ocurre muchas veces, ello no hace que se salgan de la línea de violencia. Estas dos situaciones, añadiendo su calidad de informantes, muchas veces a hecho que sean victimas de miembros que continúan en los grupos armados de donde pertenecieron anteriormente. Un segundo problema muy relacionado con el primero es el difícil integro a la vida laboral, de los 868 desmovilizados del bloque Cacique Nutibara solo 10 lograron ingresar a empresas privadas. Esto lo que quizás demuestra es una terrible desconfianza en la sociedad para brindarles un trabajo a estas personas. Por tal motivo la administración de Medellín tuvo que ofrecerles trabajos como barrido, limpieza de quebradas y ornato de la ciudad.

El difícil integro a la vida civil, el hecho de no poder volver a sus casas de origen, las pocas opciones y los fracasos productivos hacen que estas personas sean mano de obra calificada para grupos de delincuencia común y narcotráfico. La posibilidad de que vuelvan a la vida violenta y conflictiva es muy alta si el gobierno no hace políticas efectivas que conduzcan la vida de estas personas después de su salida del grupo armado. Ahora bien si se analiza el escenario post conflicto es el siguiente: a) muchas personas desocupadas en todo el territorio lo cual genera gran cantidad de mano de obra barata. b) miles de ex soldados desmovilizados entrenados en el empleo de las armas y desarraigados de su lugar de origen. c) una socialización de la violencia en la medida en que son personas acostumbradas a solucionar problemas por medio de violencia.

Lo que se ha visto en Colombia es que en las zonas donde se desmovilizaron gran número de personas, existe un amplio control violento sobre la sociedad, la economía y la política, por medio de vacunas, “limpiezas sociales”, tráfico de drogas y combustibles y manipulaciones electorales. También, según el CODHES las zonas de mayor desplazamiento son aquellas donde los desmovilizados han vuelto a tomar el control de la sociedad. Lo cual confirma la hipótesis de que el paramilitarismo va más allá de las AUC, actualmente desmovilizadas. Lo que sucede es que el gobierno ya no las considera fuerzas paramilitares debido a que ya no se enfrentan a guerrillas; ahora son bandas emergentes o criminales. Pero independientemente del nombre con el que se les bautice, la realidad es que tienen dominio sobre gran parte de los municipios del país, sus carreteras, el narcotráfico y el territorio que adquieren despojando violentamente a sus propietarios. Es necesaria entonces una verdadera “Consolidación Social del Territorio” (en palabras del proyecto de Seguridad Democrática) en los puntos donde ha habido procesos de desmovilización.

Una mirada a la política de seguridad democrática. Las víctimas.

¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS EN LA TAN ALABADA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?
SEBASTIÁN MANTILLA, CAMILA ORREGO, ENRIQUE SEGOVIA, ÁNGELA MARÍA ROJAS, BEATRIZ CARREÑO

Colombia enfrenta una situación de seguridad interna muy grave, sobre todo desde el nacimiento de la guerrilla y autodefensas ilegales, trayendo consigo, secuestros, aumento del narcotráfico, entre otras cosas que tienen gran repercusión en todos los aspectos del país. A respuesta de este fenómeno, que como hemos visto al pasar los años ha sido bastante difícil de erradicar, el presidente Álvaro Uribe, presenta dentro de sus propuestas presidenciales en su primera campaña, la llamada Seguridad Democrática basándose en el principio de “la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia, como dispone la Constitución Política” (www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf), haciéndolo bajo la participación de todos los ciudadanos y en general de toda la sociedad frente a la realidad y al “conflicto” que se vive dentro del país, además, la presencia de los órganos de seguridad asegurándose de obtener los resultados establecidos como la desmovilización de miembros de paramilitares o guerrilleros, y de liberaciones de secuestrados en cautiverio por muchos años.

Para el Presidente Álvaro Uribe su interés con la Seguridad Democrática es recuperar el imperio institucional y la credibilidad en las instituciones para lo cual se debe combinar la sostenibilidad, la eficacia y la transparencia, esto hace que no se produzcan vacios donde se puedan entrar ciertos grupos que pueden producir mucho daño; reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. (www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf).

Ahora cabe preguntarse si todo lo anterior está siendo tan perfecto, y si esta política tan elogiada por todos, hasta por Estados Unidos, que por ser una potencia mundial tiene mucha repercusión en nuestro país, está cumpliendo sus objetivos de acuerdo con lo que en un principio se estipuló. Todos estos asuntos y muchas otras se intentaran cuestionar, para que se pueda conocer la otra cara de la moneda que muchos desconocen.

Como lo dice la misma política, los ciudadanos son una parte esencial dentro del desarrollo de la seguridad democrática, pero ¿en que radica su importancia? ¿En arriesgar su vida? Dentro de los últimos años se han presentado grandes violaciones contra la población que sin duda alguna es la más afectada dentro de un conflicto, pues en realidad están en el medio, pues a pesar que quieran exterminar la violencia que se vive sobretodo en la zonas rurales, sin excluir totalmente a las urbanas, no lo pueden hacer por si solos, y necesitan de fuerzas militares o al estado que algunas veces se encuentra ausente, mientras los amenazan, les quitan las tierras, los secuestran y hasta los asesinan, y si están en medio del conflicto entre guerrilla y ejército, tienen que sacrificarse algunos ciudadanos para detener algunos guerrilleros ¿esto es realmente seguridad democrática?

Ahora bien, el problema no sólo está en alcanzar el monopolio de la fuerza en manos del Estado, sino aún más que este monopolio sea legítimo, es decir, acorde a la Constitución y las leyes, acorde a los principios éticos que deben regir la vida política en una democracia. Últimamente se están presentando hechos que cuestionan esa legitimidad de la fuerza pública, esto es los llamados falsos positivos, Donde se constata con asombro que la Fuerza Pública en un año (julio de 2006 a junio de 2007) ha establecido 90 “falsos positivos”, es decir, que ha presentado a la opinión pública 90 casos como resultados militares exitosos (por ejemplo, guerrilleros muertos en combate) cuando en verdad eran atropellos y violaciones a población civil no combatiente. (http://www.cinep.org.co/node/203).

Esto quiere decir que a veces por el afán de mostrar resultados a una población que es ignorante de la realidad y que simplemente se deja llevar por ciertas fachadas que les ponen al frente para que puedan asegurar que todo está perfecto. Por lo tanto la frase que se dijo anteriormente como el fin de esta política presidencial: ¨la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia, como dispone la Constitución Política¨ y la que establece como uno de los pilares de la seguridad democrática “La protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología política. Todos los ciudadanos, tanto los que viven en el campo como los que viven en la ciudad, son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos¨ no se están haciendo valer y por lo que se demuestra se está violando, más que todo a los campesinos e indígenas que a veces son los más indefensos y mas involucrados dentro del problema.¨ (www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf)

Pero por otra parte hay ciertos indicadores que las personas toman de referencia para asegurar que si hay seguridad, pues se puede viajar a la costa o a ¨la finca¨ en tiempo de vacaciones, la inversión ha aumentado significativamente y la economía muestra un crecimiento importante, pero ¿esto involucra a toda la población? Cabe preguntarse cuántas personas tiene los recursos para viajar a ¨la finca¨, ¿será que los beneficios que trae, que sin duda trae algunos, como lo son las operaciones de rescate, son más grandes de los que se están produciendo día a día sin que nos demos por enterados?

Por todo lo anterior se puede ver las verdaderas víctimas de una política que se cree tan perfecta, es importante saber las repercusiones que trae cada acción, para poder ponderar de alguna forma algo que realmente es imponderable, pues se trata de miles de vidas de colombianos como cualquiera de nosotros, que por estar en condiciones diferentes se tienen que sacrificar y sin ni siquiera quererlo, a una victoria política, sobrepasando así los tan importantes derechos humanos.

BIBLIOGRAFIA
www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf)
http://www.cinep.org.co/node/203

Una mirada a la política de seguridad democrática. El Desplazamiento

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y SU IMPACTO EN EL DESPLAZAMIENTO
CATALINA MAZ, MARÍA ALEJANDRA BAQUERO, JUAN MANUEL LEMUS, ANDREA CATALINA

La política de seguridad democrática que el presidente Álvaro Uribe tomó como una propuesta para su campaña política y que se ha venido desarrollando a lo largo de su gobierno, ha traído para el país tanto victorias, como derrotas, puesto que si bien se han logrado rescates de secuestrados y el debilitamiento de grupos al margen de la ley, por otra parte se han aumentado los índices de muertes violentas por parte del ejercito y el desplazamiento forzado como consecuencia de diversos factores tales como ataques o atentados terroristas a diversas poblaciones debido a presión por parte del ejercito y en otros casos por la no colaboración de los campesinos con dichos grupos y si con el gobierno nacional.

El desplazamiento se reconoce como una situación de crisis humanitaria. ¿Por qué hay desplazamiento en Colombia? Los grupos armados invaden las tierras de los campesinos, indígenas y demás personas que se ven obligados a abandonar sus tierras y a recurrir a otros lugares para vivir. Estos grupos armados muchas veces amenazan a estas personas para que se vayan de sus tierras, y otras veces simplemente las matan.

Lo que esto ocasiona, es que se multiplique cada vez más la pobreza y el desplazamiento en el país, porque gente que tenía su tierra y dependía de ella para sobrevivir, se ven obligadas a dejarla e ir en busca de una supervivencia que ni siquiera es segura.

El informe arrojado por la consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) del año 2008, muestra un aumento en el porcentaje del desplazamiento interno del 41%en relación al 2007, pues entre enero y junio del año pasado alcanzo la alarmante cifra de 270.675 más que en el mismo periodo del 2007. CODHES afirma que la crisis humanitaria que vive Colombia en relación con el desplazamiento, es un fenómeno que tiene origen en las “políticas de tierra arrasada en los planes contra insurgentes aplicados por el gobierno”.

Jorge Rojas, director de CODHES afirmo que la tasa nacional de desplazamiento es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes, aun cuando de los 32 departamentos 14 arrojaron impactos de por encima de la tasa nacional. El problema en las verdaderas cifras de desplazamiento es porque mientras el gobierno reconoce 2.6 millones de desplazados, CODHES afirma que esa cifra se aumenta hasta en un 30%, debido a que hay un subregistro de desplazados, es decir que existe un gran número de personas y de familias que no se registran en los datos oficiales. Para esta entidad la única solución a esta problemática está en la iniciación de diálogos entre el gobierno y las FARC, además de tener el gobierno que dar soluciones en aspectos políticos, sociales y económicos para iniciar una nueva etapa de “reconstrucción nacional”

El desplazamiento también es promovido por intereses económicos, ya que los grupos armados practican el desalojo de tierras y de zonas económicamente estratégicas con el fin de utilizarlas ilegalmente, estos procesos se dan más que todo en el campo ya que son lugares en los cuales se puede cultivar con facilidad cualquier tipo de cosas, y los damnificados por lo tanto son los campesinos que viven en esas tierras.

Para los grupos étnicos el desplazamiento forzado constituye una amenaza a la supervivencia de su patrimonio económico, social y cultural, ya que al ser despojados de sus hogares quedan prácticamente sin nada, sin patrimonio alguno.

La política de seguridad democrática se planteó en un principio como una política de conmoción interior, esto quiere decir que se debe usar la constitución para enfrentar a la guerrilla y a los grupos armados en general. Pero no solo con la conmoción interior se resuelve completamente el problema, se necesitan iniciativas legislativas y una reforma constitucional para buscar este fin tan deseado.

Parecería entonces que no hay ninguna seguridad democrática en esos lugares y se ve claramente un pluralismo jurídico en todo el país. Al gobierno le falta garantizar dicha seguridad democrática a las personas y le falta también hacer una prevención para que no se violen los derechos fundamentales en ningún momento y a ninguna persona. Los grupos armados entran a ejercer e imponer reglas y normas en lugares en los cuales el gobierno no está presente, manipulando a la gente y echándola de sus tierras simplemente por falta de intervención del gobierno en lugares como estos.


Sentencia T-025 del 2004

En la Sentencia T-025 del 2004 la Corte Constitucional le exige al Estado que respete los Derechos de la población desplazada. En ellas protegen a los desplazados pasados, presentes y futuros conozcan o no sus derechos. Tal como no los explica ACNUR en una breve reseña:

“La Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país, por un evidente “estado de cosas inconstitucional”. Afirma la Corte que el respeto y garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas, para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la ley por parte del Estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que le son propias, por lo cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas, dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la Efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de las políticas públicas.”

También exige un informe anual por parte de la Procuraduría General de la Nación en el cual le informen a la Corte como se está desarrollando lo exigido en esta Sentencia. De acuerdo al último reporte no se ha avanzado mucho en este aspecto y la calificación que le dan al Estado en cuanto al respeto y cumplimento de los Derechos de los Desplazados es BAJO.

Fuentes:
1. T-025 de 2004
2. CODHES pagina de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento.
3. El Espectador.com 30-sep-08