jueves, 2 de abril de 2009

Una mirada a la seguridad democrática. La desmovilización de las autodefensas

DESMOVILIZACION

CAMILO BALLESTEROS, JUAN ARTURO GONZÁLEZ, JHONATAN HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JUAN JOSÉ HUERTAS, DALIA ROCÍO RODRÍGUEZ QUIÑONES

En primer término, en necesario situarnos en el contexto histórico de creación de las Autodefensas; ya que sólo entendiendo sus orígenes es posible entender su desarrollo, y más importante aún, sus consecuencias.

Debemos decir, antes que nada, que el conflicto en Colombia es muy antiguo. De hecho, no es atrevido asegurar que han sido escasos, por no decir inexistentes, los lapsos “pacíficos” en la historia del país. Ya en el proceso de formación del Estado Colombiano, en el siglo XIX, pueden advertirse este tipo de escenarios: las numerosas guerras civiles, la fundación de los partidos políticos y la posterior polarización que llevaría –décadas después- a uno de los periodos más sangrientos en la historia, son muestra de la constante convulsión en que vivimos.

En efecto, podemos afirmar que este país ha vivido en permanente conflicto. La actual situación no es la excepción; al contrario, la historia reciente (últimos 25 años) ha sido terriblemente convulsionada, llena de acontecimientos importantes a la hora de entender el conflicto actual. Pero incluso antes de esto, hacia mediados del siglo pasado, sucedió en Colombia una época negra. La llamada Violencia promovió el odio interpartidista, los asesinatos brutales y la polarización del país. Como solución a esta situación se generó el Frente Nacional, de todos conocido. Durante este periodo, aunque se logró calmar el ambiente hostil, se fomentó el sistema biparditista exclusivo; es decir, no se permitió el acceso al sistema político a personas que no tuvieran filiaciones conservadoras o liberales. Esto, desde luego, generó un ambiente de nueva polarización, esta vez entre quienes tenían acceso al Gobierno y quienes no.

En consecuencia, en los años 60, se generó un movimiento insurgente conformado por varios grupos, como las FARC, el ELN, el EPL, y más adelante el M-19. Todas estas guerrillas armadas, de ideología izquierdista, iniciaron sus respectivas “revoluciones” hinchadas de comunismo e inspiradas en los modelos soviéticos, chinos y cubanos. Rápidamente estos grupos perdieron los ideales que alguna vez tuvieron e, influenciados por el dinero rápido y las extravagancias del narcotráfico en los años 70 y 80, se convirtieron en grupos puramente interesados en el dinero. En medio de su brutal búsqueda de recursos, iniciaron prácticas terroristas, tales como el secuestro, la extorsión y la famosa aplicación de vacunas. Todo esto generó desespero en la población, sobre todo en las áreas rurales, pues se sentían desprotegidos por el Estado y veían como su patrimonio y sus vidas estaban en constante riesgo. Así, grupos de ganaderos, terratenientes y potentados iniciaron la creación de grupos armados, que en el inicio eran pequeños ejércitos privados dedicados a defender la vida y el patrimonio de sus latifundistas.

De nuevo, esto degeneró en intereses económicos patrocinados por el gran cáncer de la sociedad colombiana: el narcotráfico. A principios de los 90, las autodefensas dejaron ver su talante verdadero e iniciando el siglo XXI cometieron algunos de los crímenes más bárbaros posibles.

Así, se llegó a lo que fue el culmen del paramilitarismo: el proceso de desmovilización, objeto del presente ensayo.

Sin duda el desarrollo del proceso de desmovilización en Colombia ha sido un éxito; el desarme y la entrega de más de 40 mil hombres que hacían parte de grupos al margen de la ley, produjeron un cambio significativo (disminución) en las cifras que se tenían de secuestros, asesinatos y actos terroristas en nuestro país.

Se dice que partir de Octubre de 2002 cuando por medio del obispo de Montería las AUC declaró el cese de hostilidades y se iniciaron los diálogos con la presidencia, Colombia vive otro panorama. Un panorama que emprendió la búsqueda de Paz, intentando hacer el menor daño posible; de ahí que a pesar de las criticas que se le hacen al proceso de desmovilización por tener como marco jurídico la “Ley de justicia y paz”, (ley con cierto grado de impunidad para algunos) el gobierno considere que es la mejor vía para lograr lo propuesto en la política de seguridad democrática. De lo contrario si la ley no se hubiese aplicado con los incentivos, deberes y garantías que se establecieron, el fracaso de la misma era de esperarse.

Sin embargo es necesario hacer un análisis desde la perspectiva y la dimensión de las personas desmovilizadas lo cual permitirá la visión de nuevos problemas que han surgido en el país, porque si bien la violencia política dentro del territorio ha disminuido en gran medida, la violencia común y local ha venido en aumento y las cifras de desplazamiento cada año se incrementan mas.

Existen varios problemas que es necesario mencionar a continuación para realizar una conclusión objetiva sobre el proceso de desmovilización. Primero que todo es necesario cuestionar si la formación que reciben los reinsertados es acorde a ellos, a su personalidad y sus costumbres. Muy probablemente no, debido a que son personas que provienen por lo general del campo y la formación que reciben es netamente citadina (cosmetología, mercadeo, confección). Por otra parte, en la medida en que ellos estén trabajando en empresas de seguridad, como ocurre muchas veces, ello no hace que se salgan de la línea de violencia. Estas dos situaciones, añadiendo su calidad de informantes, muchas veces a hecho que sean victimas de miembros que continúan en los grupos armados de donde pertenecieron anteriormente. Un segundo problema muy relacionado con el primero es el difícil integro a la vida laboral, de los 868 desmovilizados del bloque Cacique Nutibara solo 10 lograron ingresar a empresas privadas. Esto lo que quizás demuestra es una terrible desconfianza en la sociedad para brindarles un trabajo a estas personas. Por tal motivo la administración de Medellín tuvo que ofrecerles trabajos como barrido, limpieza de quebradas y ornato de la ciudad.

El difícil integro a la vida civil, el hecho de no poder volver a sus casas de origen, las pocas opciones y los fracasos productivos hacen que estas personas sean mano de obra calificada para grupos de delincuencia común y narcotráfico. La posibilidad de que vuelvan a la vida violenta y conflictiva es muy alta si el gobierno no hace políticas efectivas que conduzcan la vida de estas personas después de su salida del grupo armado. Ahora bien si se analiza el escenario post conflicto es el siguiente: a) muchas personas desocupadas en todo el territorio lo cual genera gran cantidad de mano de obra barata. b) miles de ex soldados desmovilizados entrenados en el empleo de las armas y desarraigados de su lugar de origen. c) una socialización de la violencia en la medida en que son personas acostumbradas a solucionar problemas por medio de violencia.

Lo que se ha visto en Colombia es que en las zonas donde se desmovilizaron gran número de personas, existe un amplio control violento sobre la sociedad, la economía y la política, por medio de vacunas, “limpiezas sociales”, tráfico de drogas y combustibles y manipulaciones electorales. También, según el CODHES las zonas de mayor desplazamiento son aquellas donde los desmovilizados han vuelto a tomar el control de la sociedad. Lo cual confirma la hipótesis de que el paramilitarismo va más allá de las AUC, actualmente desmovilizadas. Lo que sucede es que el gobierno ya no las considera fuerzas paramilitares debido a que ya no se enfrentan a guerrillas; ahora son bandas emergentes o criminales. Pero independientemente del nombre con el que se les bautice, la realidad es que tienen dominio sobre gran parte de los municipios del país, sus carreteras, el narcotráfico y el territorio que adquieren despojando violentamente a sus propietarios. Es necesaria entonces una verdadera “Consolidación Social del Territorio” (en palabras del proyecto de Seguridad Democrática) en los puntos donde ha habido procesos de desmovilización.

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