ÉXITO O FRACASO DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA EN ELTEMA DE NARCOTRAFICO
LAURA HERNÁNDEZ VIANA, JANETH MEDINA CASTILLO Y CATALINA ORTIZ ASTORQUIZA
El narcotráfico comprende las diferentes fases de cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos. Para la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia, el Gobierno implementó un plan integral (Seguridad Democrática) que permite actuar de manera coordinada y efectiva sobre cada eslabón de la cadena del negocio de las drogas ilícitas, por medio de las siguientes estrategias:
La primera estrategia consiste en el control de la actividad de lavado de activos, para evitar que los narcotraficantes puedan usufructuar el producto de la actividad ilícita del narcotráfico y su posible reinversión en nuevas operaciones de drogas, para lo cual se utilizan diferentes mecanismos. El primer mecanismo, son los acuerdos internacionales dentro de los cuales se encuentran la Convención de Viena Contra el Narcotráfico 1988, la Convención de Palermo del año 2000: Contra la Delincuencia Organizada y los Principios de Basilea (los 11 países más importantes del mundo se reúnen y dan unas recomendaciones para evitar el lavado de activos). El segundo mecanismo, es la actuación de la banca controlando los movimientos financieros, para este propósito es creada la Unidad de investigación y Análisis Financiero (UIAF) y el Sistema Integrado de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y, por otro lado encontramos el Código Penal tipificando el delito de lavado de activos en sus artículos 323 y 325.
La segunda estrategia es la operación militar, que se da como consecuencia de la certeza del vínculo directo de los paramilitares y los grupos guerrilleros con el narcotráfico, y la consolidación de la droga como la fuente principal de sus recursos. También son implementadas diferentes estrategias militares para acabar con estos grupos al margen de la ley, proporcionando estímulos a los guerrilleros y paramilitares para que deserten.
La tercera estrategia es el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, por medio del mantenimiento de figuras como la extinción de dominio para atacar el testaferrato, el lavado de activos y la lucha para la reducción del consumo. Así mismo, el gobierno ha expresado claramente su posición favorable frente a la penalización de la droga pues la considera como una forma eficiente de reducir el consumo, y que por el contrario su despenalización implicaría un deterioro a la moral social.
La última estrategia consiste en la erradicación de los cultivos, la acción social y reducción del consumo. El Estado ha optado por la interdicción sobre la producción, insumos y precursores químicos necesarios para la producción y comercialización de estupefacientes por vía aérea, terrestre, marítima y fluvial de la droga, de tal forma se reduzcan los incentivos para la siembra de cultivos ilícitos. De igual forma, optó por la erradicación por medio de aspersión aérea con glifosato (efectivo y ambientalmente aconsejable), en todas las áreas del país donde se detecten cultivos de coca y amapola. De la misma forma ha implementado programas sostenibles de desarrollo para la población de cultivadores, como el programa de familias guardabosques y programas de concientización para desestimular el consumo interno de drogas.
Los resultados de la interdicción dentro del marco se la seguridad democrática se pueden evidenciar entre el periodo 2002 a 2006, con un total de aspersión aérea de 710.532 hectáreas y por erradicación manual de 92.851 hectáreas, en incautaciones de cocaína 656.391 kilogramos y 8.907 laboratorios destruidos, en insumos líquidos incautados 10.459.890 galones.
En 2006 el gobierno presento un nuevo plan de desarrollo donde fijo la política de fortalecer la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea y la erradicación manual, dándole preponderancia a la segunda; el diseño de una política de control y restricción a los precursores agroquímicos; la interdicción y control al tráfico de armas y sustancias prohibidas, controlando el comercio por todas las rutas de comunicación; la continuidad en el cumplimiento de los convenios internacionales y buscar firmar nuevos acuerdos mediante una fuerte campaña diplomática que busque además atacar el corazón financiero y fortalecer la cooperación de inteligencia; el control de lavado de activos y extinción de dominio, fortaleciendo las instituciones especializadas en el tema y utilizar los recursos de la venta de bienes ilícitos para dar rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen; reducción de la demanda de drogas, buscando una aplicación efectiva de la política antidroga y emprender campañas de difusión de los perjuicios; una política de responsabilidad compartida, que busca una lucha mundial contra el consumo de drogas, en especial con los países consumidores, para esto Colombia busca un papel activo en las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA.
El anterior programa aunque ha mostrado mejoría, está lejos de solucionar el problema, el mismo Presidente Uribe en la Asamblea General de la ONU en 2008 manifestó: “Nuestro gobierno solicita la sanción al consumo, en nuestro país y la comunidad internacional. Hemos extraditado más de 800 personas, este año debemos fumigar 130.000 hectáreas de coca y 100.000 deben ser erradicadas manualmente. En los últimos años se han confiscado 10.000 bienes. Sin embargo no hay reducción importante de aéreas de siembras y el consumo aumenta”.
Al analizar la política de seguridad democrática desde otra perspectiva con respecto al narcotráfico, es importante mencionar cuales han sido los aspectos negativos de la aplicación de la misma, los cuales agrupamos en tres grandes bloques: erradicación manual y aspersión aérea, política internacional, y penalización y fortalecimiento de la justicia.
En el primer bloque, uno de los puntos importantes de la política de seguridad democrática en relación al narcotráfico es la erradicación de cultivos ilícitos por medio de la aspersión aérea, ya que para la aplicación de estas operaciones de fumigación se utiliza glifosato, y es precisamente éste el elemento esencial que ha generado una gran polémica, pues al analizar las observaciones que plantea la Universidad Nacional (Instituto de Estudios Ambientales), frente al “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, es trascendental dar a conocer las cifras que arroja la Universidad al respecto, como quiera que el 25,6% son hectáreas afectadas por depósitos de glifosato fuera del objetivo, esto quiere decir que “ (…) por lo menos una de cada cuatro operaciones de fumigación afecta zonas aledañas a los cultivos de coca.” Asimismo es importante tener en cuenta que los bosques húmedos tropicales que son las zonas donde principalmente se cultiva la coca, constituyen las áreas más sensibles de la biodiversidad, y son estas zonas los objetivos de la fumigación.
Cabe resaltar que no consideramos adecuada la política actual de erradicación, por lo que proponemos una reestructuración de la misma. La erradicación manual debe implicar la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas propios de cada región. Sin lugar a dudas el narcotráfico, como modelo de producción ha sido un éxito. La colocación de recursos económicos y la garantía de compra de los productos por parte de los narcotraficantes, ha asegurado la persistencia del sistema.
En nuestra opinión, la solución consiste en copiar el modelo operativo utilizado para la producción de coca y aplicarlo a la producción de cultivos sustitutos. El estado debe promover la asociación de la población campesina en cooperativas y facilitar el capital para su funcionamiento. La figura del narcotraficante es sustituida por la cooperativa, la cual para su constitución y funcionamiento requiere un decidido apoyo del Estado.
Es de advertir que dada la variada geografía de las zonas utilizadas por los narcotraficantes, algunas de las plantaciones sembradas en zonas inhóspitas y selváticas, son de difícil y peligroso acceso para hacer la erradicación manual, por lo que la aspersión aérea seguiría siendo una política necesaria para erradicar estos cultivos ilícitos.
Ante esta realidad, seria plausible recomendar al Gobierno Nacional, contratar un estudio autónomo y especializado con organismos internacionales, al margen de las ideologías políticas, e independientes de intereses económicos particulares, sobre los efectos que el glifosato tiene sobre la población en general, el agua, la flora, la fauna y el ecosistema en su conjunto. Dependiendo de los resultados del estudio, se tomará la decisión de adoptar otra política antidrogas en la erradicación de cultivos, o mantener la actual.
En el segundo bloque, otro aspecto relevante que plantea la seguridad democrática es el fortalecimiento del marco jurídico, sin embargo después de analizar las diferentes normas jurídicas relacionadas con el narcotráfico, es posible concluir el ordenamiento tiene normas suficientemente represivas para condenar los delitos referidos al narcotráfico, no obstante sería más útil y eficiente buscar una mejor aplicabilidad del marco jurídico, que aumentar la penalización de tales delitos, pues esta medida no necesariamente llevará a los resultados más eficaces. Adicionalmente consideramos que el problema del narcotráfico tiene que estar acompañado de una política que permita tratar a las personas adictas como enfermos y no como delincuentes, es decir, analizar la situación como una problemática de salud pública, sin embargo es imperativo combatir el crimen organizado, es decir, a los comercializadores y productores aplicarles con todo rigor las normas que consagra el ordenamiento jurídico.
En el tercer bloque, la política de seguridad democrática en relación al narcotráfico tiene como uno de sus objetivos la interdicción sobre insumos y precursores químicos necesarios para la producción y comercialización de estupefacientes, motivo por el cual sería de gran utilidad lograr acuerdos de cooperación multilaterales que busquen mejorar la aplicabilidad de medidas tendientes a impedir el mercado negro de los precursores químicos usados en la producción de estupefacientes.
En el mismo orden de ideas, es necesario que existan tratados internacionales para afrontar la responsabilidad reciproca entre los países productores y consumidores, teniendo en cuenta que mientras se dé aplicabilidad a la ley de oferta y demanda, y ésta ultima exista, continuará la producción de narcóticos en los países productores para saciar la demanda de los consumidores.
La Comisión Latinoamericana sobre drogas y Democracia en febrero de 2009 manifestó que la lucha de treinta años para combatir la producción de drogas ilegales han resultado un fracaso, donde el resultado no es solo violencia creciente, sino un aumento del consumo y una amenaza creciente contra la democracia, por ello exige abrir un debate internacional en torno al trato del consumidor como paciente del sistema de salud pública, y no como un criminal, enfatizar las estrategias de prevención, atacar el crimen organizado, e incluso despenalizar la marihuana. Justifican su propuesta entre otras razones, que en caso colombiano se han invertido desde el año 2000 seis mil millones de dólares en el Plan Colombia y no se ha reducido la cantidad de toneladas de cocaína que se producen y las áreas cultivadas aunque disminuyeron en algunos años están aumentando de nuevo, e insisten que sin una reducción drástica del consumo en Estados Unidos y Europa, el narcotráfico seguirá intacto.
Por último, teniendo en cuenta los pobres resultados y el fracaso de la lucha antidrogas ante los esfuerzos económicos, políticos, sociales, en términos de vidas humanas, violencia y terrorismo en países productores, y que el lucro del negocio del narcotráfico es de tales proporciones que cualquier política para combatirlo es irrisoria frente al poder económico que este mantiene, proponemos un debate serio en la comunidad internacional con la participación activa de los países consumidores y productores de drogas ilícitas en torno a la legalización de la droga.
Esta propuesta debe necesariamente estar vinculada a una política de salud pública para el tratamiento de los consumidores, campañas de prevención agresivas en centros educativos y en medios masivos de comunicación. Esta política debería ser adoptada con antelación a la legalización de las drogas. La legalización debe plantearse y ejecutarse de modo progresivo, dado el impacto en la comunidad en los aspectos sociales y morales, como quiera que la sociedad no está preparada para afrontar los efectos nocivos que las drogas ejercen sobre la población, al despenalizar totalmente su cultivo, producción y comercialización.
LAURA HERNÁNDEZ VIANA, JANETH MEDINA CASTILLO Y CATALINA ORTIZ ASTORQUIZA
El narcotráfico comprende las diferentes fases de cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos. Para la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia, el Gobierno implementó un plan integral (Seguridad Democrática) que permite actuar de manera coordinada y efectiva sobre cada eslabón de la cadena del negocio de las drogas ilícitas, por medio de las siguientes estrategias:
La primera estrategia consiste en el control de la actividad de lavado de activos, para evitar que los narcotraficantes puedan usufructuar el producto de la actividad ilícita del narcotráfico y su posible reinversión en nuevas operaciones de drogas, para lo cual se utilizan diferentes mecanismos. El primer mecanismo, son los acuerdos internacionales dentro de los cuales se encuentran la Convención de Viena Contra el Narcotráfico 1988, la Convención de Palermo del año 2000: Contra la Delincuencia Organizada y los Principios de Basilea (los 11 países más importantes del mundo se reúnen y dan unas recomendaciones para evitar el lavado de activos). El segundo mecanismo, es la actuación de la banca controlando los movimientos financieros, para este propósito es creada la Unidad de investigación y Análisis Financiero (UIAF) y el Sistema Integrado de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y, por otro lado encontramos el Código Penal tipificando el delito de lavado de activos en sus artículos 323 y 325.
La segunda estrategia es la operación militar, que se da como consecuencia de la certeza del vínculo directo de los paramilitares y los grupos guerrilleros con el narcotráfico, y la consolidación de la droga como la fuente principal de sus recursos. También son implementadas diferentes estrategias militares para acabar con estos grupos al margen de la ley, proporcionando estímulos a los guerrilleros y paramilitares para que deserten.
La tercera estrategia es el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, por medio del mantenimiento de figuras como la extinción de dominio para atacar el testaferrato, el lavado de activos y la lucha para la reducción del consumo. Así mismo, el gobierno ha expresado claramente su posición favorable frente a la penalización de la droga pues la considera como una forma eficiente de reducir el consumo, y que por el contrario su despenalización implicaría un deterioro a la moral social.
La última estrategia consiste en la erradicación de los cultivos, la acción social y reducción del consumo. El Estado ha optado por la interdicción sobre la producción, insumos y precursores químicos necesarios para la producción y comercialización de estupefacientes por vía aérea, terrestre, marítima y fluvial de la droga, de tal forma se reduzcan los incentivos para la siembra de cultivos ilícitos. De igual forma, optó por la erradicación por medio de aspersión aérea con glifosato (efectivo y ambientalmente aconsejable), en todas las áreas del país donde se detecten cultivos de coca y amapola. De la misma forma ha implementado programas sostenibles de desarrollo para la población de cultivadores, como el programa de familias guardabosques y programas de concientización para desestimular el consumo interno de drogas.
Los resultados de la interdicción dentro del marco se la seguridad democrática se pueden evidenciar entre el periodo 2002 a 2006, con un total de aspersión aérea de 710.532 hectáreas y por erradicación manual de 92.851 hectáreas, en incautaciones de cocaína 656.391 kilogramos y 8.907 laboratorios destruidos, en insumos líquidos incautados 10.459.890 galones.
En 2006 el gobierno presento un nuevo plan de desarrollo donde fijo la política de fortalecer la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea y la erradicación manual, dándole preponderancia a la segunda; el diseño de una política de control y restricción a los precursores agroquímicos; la interdicción y control al tráfico de armas y sustancias prohibidas, controlando el comercio por todas las rutas de comunicación; la continuidad en el cumplimiento de los convenios internacionales y buscar firmar nuevos acuerdos mediante una fuerte campaña diplomática que busque además atacar el corazón financiero y fortalecer la cooperación de inteligencia; el control de lavado de activos y extinción de dominio, fortaleciendo las instituciones especializadas en el tema y utilizar los recursos de la venta de bienes ilícitos para dar rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen; reducción de la demanda de drogas, buscando una aplicación efectiva de la política antidroga y emprender campañas de difusión de los perjuicios; una política de responsabilidad compartida, que busca una lucha mundial contra el consumo de drogas, en especial con los países consumidores, para esto Colombia busca un papel activo en las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA.
El anterior programa aunque ha mostrado mejoría, está lejos de solucionar el problema, el mismo Presidente Uribe en la Asamblea General de la ONU en 2008 manifestó: “Nuestro gobierno solicita la sanción al consumo, en nuestro país y la comunidad internacional. Hemos extraditado más de 800 personas, este año debemos fumigar 130.000 hectáreas de coca y 100.000 deben ser erradicadas manualmente. En los últimos años se han confiscado 10.000 bienes. Sin embargo no hay reducción importante de aéreas de siembras y el consumo aumenta”.
Al analizar la política de seguridad democrática desde otra perspectiva con respecto al narcotráfico, es importante mencionar cuales han sido los aspectos negativos de la aplicación de la misma, los cuales agrupamos en tres grandes bloques: erradicación manual y aspersión aérea, política internacional, y penalización y fortalecimiento de la justicia.
En el primer bloque, uno de los puntos importantes de la política de seguridad democrática en relación al narcotráfico es la erradicación de cultivos ilícitos por medio de la aspersión aérea, ya que para la aplicación de estas operaciones de fumigación se utiliza glifosato, y es precisamente éste el elemento esencial que ha generado una gran polémica, pues al analizar las observaciones que plantea la Universidad Nacional (Instituto de Estudios Ambientales), frente al “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, es trascendental dar a conocer las cifras que arroja la Universidad al respecto, como quiera que el 25,6% son hectáreas afectadas por depósitos de glifosato fuera del objetivo, esto quiere decir que “ (…) por lo menos una de cada cuatro operaciones de fumigación afecta zonas aledañas a los cultivos de coca.” Asimismo es importante tener en cuenta que los bosques húmedos tropicales que son las zonas donde principalmente se cultiva la coca, constituyen las áreas más sensibles de la biodiversidad, y son estas zonas los objetivos de la fumigación.
Cabe resaltar que no consideramos adecuada la política actual de erradicación, por lo que proponemos una reestructuración de la misma. La erradicación manual debe implicar la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas propios de cada región. Sin lugar a dudas el narcotráfico, como modelo de producción ha sido un éxito. La colocación de recursos económicos y la garantía de compra de los productos por parte de los narcotraficantes, ha asegurado la persistencia del sistema.
En nuestra opinión, la solución consiste en copiar el modelo operativo utilizado para la producción de coca y aplicarlo a la producción de cultivos sustitutos. El estado debe promover la asociación de la población campesina en cooperativas y facilitar el capital para su funcionamiento. La figura del narcotraficante es sustituida por la cooperativa, la cual para su constitución y funcionamiento requiere un decidido apoyo del Estado.
Es de advertir que dada la variada geografía de las zonas utilizadas por los narcotraficantes, algunas de las plantaciones sembradas en zonas inhóspitas y selváticas, son de difícil y peligroso acceso para hacer la erradicación manual, por lo que la aspersión aérea seguiría siendo una política necesaria para erradicar estos cultivos ilícitos.
Ante esta realidad, seria plausible recomendar al Gobierno Nacional, contratar un estudio autónomo y especializado con organismos internacionales, al margen de las ideologías políticas, e independientes de intereses económicos particulares, sobre los efectos que el glifosato tiene sobre la población en general, el agua, la flora, la fauna y el ecosistema en su conjunto. Dependiendo de los resultados del estudio, se tomará la decisión de adoptar otra política antidrogas en la erradicación de cultivos, o mantener la actual.
En el segundo bloque, otro aspecto relevante que plantea la seguridad democrática es el fortalecimiento del marco jurídico, sin embargo después de analizar las diferentes normas jurídicas relacionadas con el narcotráfico, es posible concluir el ordenamiento tiene normas suficientemente represivas para condenar los delitos referidos al narcotráfico, no obstante sería más útil y eficiente buscar una mejor aplicabilidad del marco jurídico, que aumentar la penalización de tales delitos, pues esta medida no necesariamente llevará a los resultados más eficaces. Adicionalmente consideramos que el problema del narcotráfico tiene que estar acompañado de una política que permita tratar a las personas adictas como enfermos y no como delincuentes, es decir, analizar la situación como una problemática de salud pública, sin embargo es imperativo combatir el crimen organizado, es decir, a los comercializadores y productores aplicarles con todo rigor las normas que consagra el ordenamiento jurídico.
En el tercer bloque, la política de seguridad democrática en relación al narcotráfico tiene como uno de sus objetivos la interdicción sobre insumos y precursores químicos necesarios para la producción y comercialización de estupefacientes, motivo por el cual sería de gran utilidad lograr acuerdos de cooperación multilaterales que busquen mejorar la aplicabilidad de medidas tendientes a impedir el mercado negro de los precursores químicos usados en la producción de estupefacientes.
En el mismo orden de ideas, es necesario que existan tratados internacionales para afrontar la responsabilidad reciproca entre los países productores y consumidores, teniendo en cuenta que mientras se dé aplicabilidad a la ley de oferta y demanda, y ésta ultima exista, continuará la producción de narcóticos en los países productores para saciar la demanda de los consumidores.
La Comisión Latinoamericana sobre drogas y Democracia en febrero de 2009 manifestó que la lucha de treinta años para combatir la producción de drogas ilegales han resultado un fracaso, donde el resultado no es solo violencia creciente, sino un aumento del consumo y una amenaza creciente contra la democracia, por ello exige abrir un debate internacional en torno al trato del consumidor como paciente del sistema de salud pública, y no como un criminal, enfatizar las estrategias de prevención, atacar el crimen organizado, e incluso despenalizar la marihuana. Justifican su propuesta entre otras razones, que en caso colombiano se han invertido desde el año 2000 seis mil millones de dólares en el Plan Colombia y no se ha reducido la cantidad de toneladas de cocaína que se producen y las áreas cultivadas aunque disminuyeron en algunos años están aumentando de nuevo, e insisten que sin una reducción drástica del consumo en Estados Unidos y Europa, el narcotráfico seguirá intacto.
Por último, teniendo en cuenta los pobres resultados y el fracaso de la lucha antidrogas ante los esfuerzos económicos, políticos, sociales, en términos de vidas humanas, violencia y terrorismo en países productores, y que el lucro del negocio del narcotráfico es de tales proporciones que cualquier política para combatirlo es irrisoria frente al poder económico que este mantiene, proponemos un debate serio en la comunidad internacional con la participación activa de los países consumidores y productores de drogas ilícitas en torno a la legalización de la droga.
Esta propuesta debe necesariamente estar vinculada a una política de salud pública para el tratamiento de los consumidores, campañas de prevención agresivas en centros educativos y en medios masivos de comunicación. Esta política debería ser adoptada con antelación a la legalización de las drogas. La legalización debe plantearse y ejecutarse de modo progresivo, dado el impacto en la comunidad en los aspectos sociales y morales, como quiera que la sociedad no está preparada para afrontar los efectos nocivos que las drogas ejercen sobre la población, al despenalizar totalmente su cultivo, producción y comercialización.
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