ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DEL MANEJO PERIODÍSTICO DE LAS LIBERACIONES DE LOS SECUESTRADOS EN COLOMBIA.
José Huertas y Juan Arturo González (alias Fofo)
El presente texto busca ser, más que una profunda disquisición sobre la situación de los periodistas en lo relativo a las liberaciones de los secuestrados, una primera aproximación a un tema relevante de actualidad, sin circunscribirse a los cánones fijados para la elaboración de un ensayo propiamente dicho, aunque expresando una clara opinión. Se trata, básicamente, de un artículo de opinión. Todo esto basado en los debates ocurridos en la asignatura, y por tanto, necesariamente sujeto a la visión personal de los autores. Habiendo dicho esto, conviene entrar en materia.
El asunto de las liberaciones de secuestrados es un tema de la mayor sensibilidad; no podría ser de otra manera, pues se trata de un drama de carácter nacional, sufrido directamente por miles de colombianos, e indirectamente por todo aquel que sea buen ciudadano y tenga en su fuero interno la mínima preocupación por la sociedad en la que vive. Por esta razón, se han hecho innumerables y muy variados esfuerzos por lograr que cese su inhumana condición de secuestrados. En los últimos meses se ha producido una cantidad notoria de liberaciones; ya por acciones de inteligencia de las Fuerzas Militares (verbigracia, Operación Jaque), ya por negociaciones de grupos de presión social y política (como las más recientes liberaciones, logradas en virtud del empeño de un grupo llamado Colombianos por la Paz), ya por intervenciones de gobiernos extranjeros o facilitadores internacionales (por ejemplo las presentadas gracias a la intervención del Presidente Hugo Chávez). Todas estas mencionadas liberaciones han tenido una característica común: el gran revuelo mediático que han causado, la masiva atención de la sociedad en general y –el tema que nos atañe- el manejo dado por los medios de comunicación al asunto. Se recuerdan claramente, sólo por citar unos ejemplos, las conmovedoras palabras de Ingrid Betancourt, llenas de un aplomo admirable y de una elocuencia propia de mentes elevadas; el triste espectáculo circense montado en una oportunidad, con ocasión de unas liberaciones mediadas por el Gobierno de Venezuela; y más recientemente, la polémica desatada por las declaraciones de los liberados, en particular del exgobernador Alan Jara, apresuradas y desventuradas a juicio de muchos, inducidas seguramente por la emoción del momento, pero válidas igualmente.
Precisamente alrededor de esta última serie de liberaciones que incluyó la del Señor Jara, gestada por el grupo ciudadano denominado Colombianos por la Paz, ha girado una aguda polémica, alimentada por lo ocurrido durante la primera misión de rescate. Ahondar en los sucesos sería baladí; estos son ya de sobra conocidos. Lo atinente aquí tiene que ver con la particular situación que protagonizaron dos periodistas, Jorge Botero y Hollman Morris, quienes desde orillas diferentes fueron piezas clave del conflicto generado en medio de las liberaciones. Sin embargo no centraremos nuestra discusión en las actuaciones de estos dos solamente, sino en las reacciones que en general han suscitado todo lo relativo al manejo periodístico de las liberaciones de secuestrados. Es así como resulta relevante, igualmente, la forma en que los medios manejan las entrevistas con los recién liberados, su intromisión en el ámbito personal y la recurrente falta de discreción y decoro, propia de algunos periodistas con más intestinos que razón.
Reiteramos que resulta improcedente mencionar aquí los hechos de ese infausto día –que, por fortuna y contra todas las posibilidades, terminó en éxito- así que nos limitaremos a analizar las reacciones causadas por el comportamiento de estos mencionados periodistas. Precisamente por el gran cubrimiento mediático que referíamos hace unas líneas, la sociedad se enteró de los desmanes de estos dos señores y del Gobierno Nacional, y esto fue lo que generó la polémica. La situación se reduce a que el Gobierno quiere, en últimas, limitar la presencia de los medios de comunicación en las liberaciones y estos se oponen. Así las cosas, el debate sobre la libertad de prensa está a la orden del día, y no se hacen esperar las voces que, de cada lado, imprecan a su contraparte.
En opinión de los autores, el asunto es de sumo cuidado. Se ponen en juego dos principios fundamentales del ordenamiento jurídico: la libertad de expresión y el orden y seguridad estatal. Es, desde luego, fundamental el acceso público a la información clara. Ese es un derecho constitucional. Pero es igualmente necesaria la preservación del orden público y la guarda de las instituciones del Estado. En torno a esta divergencia giran las posiciones encontradas: los periodistas, con buen sentido, defienden a ultranza lo que ellos llaman “el derecho a la información” y asimismo, el Gobierno defiende la dudosa postura de la “seguridad nacional.” El problema radica en que ambos lo hacen de manera extrema; los periodistas creen que el derecho a la información llega hasta las más extremas consecuencias, incluso hasta la esfera de lo privado.
Con todos los hechos citados anteriormente, es pertinente concluir que: 1) Para evitar este tipo de problemáticas, el manejo mediático que se le debe dar a este tipo de problemáticas, no debe ir encaminado a buscar lo que en el medio periodístico es denomina como “la chiva.” 2) El manejo de la información, que los diferentes medios de comunicación proporcionan a la ciudadanía, en este tipo de acontecimientos, debe ser transmitido de una manera imparcial, para evitar de esta manera, que la noticia llegue distorsionada a los receptores. 3) El gobierno nacional, al llevar a cabo intervenciones de esta índole, debe asignar lugares o momentos específicos, para que el periodista pueda llevar acabo su labor, y, ninguno de los derechos mencionados anteriormente se encuentre en peligro de ser vulnerado. De dichas conclusiones, podemos deducir que entre el gobierno nacional y los periodistas es necesario encontrar un punto medio. De no ser así, como lo hemos expuesto a lo largo de este texto, la seguridad nacional cada vez se verá más afectada; más allá de los efectos entre estas dos partes, los derechos de los ciudadanos entre ellos los ex-secuestrados, pueden terminar siendo vulnerados.
José Huertas y Juan Arturo González (alias Fofo)
El presente texto busca ser, más que una profunda disquisición sobre la situación de los periodistas en lo relativo a las liberaciones de los secuestrados, una primera aproximación a un tema relevante de actualidad, sin circunscribirse a los cánones fijados para la elaboración de un ensayo propiamente dicho, aunque expresando una clara opinión. Se trata, básicamente, de un artículo de opinión. Todo esto basado en los debates ocurridos en la asignatura, y por tanto, necesariamente sujeto a la visión personal de los autores. Habiendo dicho esto, conviene entrar en materia.
El asunto de las liberaciones de secuestrados es un tema de la mayor sensibilidad; no podría ser de otra manera, pues se trata de un drama de carácter nacional, sufrido directamente por miles de colombianos, e indirectamente por todo aquel que sea buen ciudadano y tenga en su fuero interno la mínima preocupación por la sociedad en la que vive. Por esta razón, se han hecho innumerables y muy variados esfuerzos por lograr que cese su inhumana condición de secuestrados. En los últimos meses se ha producido una cantidad notoria de liberaciones; ya por acciones de inteligencia de las Fuerzas Militares (verbigracia, Operación Jaque), ya por negociaciones de grupos de presión social y política (como las más recientes liberaciones, logradas en virtud del empeño de un grupo llamado Colombianos por la Paz), ya por intervenciones de gobiernos extranjeros o facilitadores internacionales (por ejemplo las presentadas gracias a la intervención del Presidente Hugo Chávez). Todas estas mencionadas liberaciones han tenido una característica común: el gran revuelo mediático que han causado, la masiva atención de la sociedad en general y –el tema que nos atañe- el manejo dado por los medios de comunicación al asunto. Se recuerdan claramente, sólo por citar unos ejemplos, las conmovedoras palabras de Ingrid Betancourt, llenas de un aplomo admirable y de una elocuencia propia de mentes elevadas; el triste espectáculo circense montado en una oportunidad, con ocasión de unas liberaciones mediadas por el Gobierno de Venezuela; y más recientemente, la polémica desatada por las declaraciones de los liberados, en particular del exgobernador Alan Jara, apresuradas y desventuradas a juicio de muchos, inducidas seguramente por la emoción del momento, pero válidas igualmente.
Precisamente alrededor de esta última serie de liberaciones que incluyó la del Señor Jara, gestada por el grupo ciudadano denominado Colombianos por la Paz, ha girado una aguda polémica, alimentada por lo ocurrido durante la primera misión de rescate. Ahondar en los sucesos sería baladí; estos son ya de sobra conocidos. Lo atinente aquí tiene que ver con la particular situación que protagonizaron dos periodistas, Jorge Botero y Hollman Morris, quienes desde orillas diferentes fueron piezas clave del conflicto generado en medio de las liberaciones. Sin embargo no centraremos nuestra discusión en las actuaciones de estos dos solamente, sino en las reacciones que en general han suscitado todo lo relativo al manejo periodístico de las liberaciones de secuestrados. Es así como resulta relevante, igualmente, la forma en que los medios manejan las entrevistas con los recién liberados, su intromisión en el ámbito personal y la recurrente falta de discreción y decoro, propia de algunos periodistas con más intestinos que razón.
Reiteramos que resulta improcedente mencionar aquí los hechos de ese infausto día –que, por fortuna y contra todas las posibilidades, terminó en éxito- así que nos limitaremos a analizar las reacciones causadas por el comportamiento de estos mencionados periodistas. Precisamente por el gran cubrimiento mediático que referíamos hace unas líneas, la sociedad se enteró de los desmanes de estos dos señores y del Gobierno Nacional, y esto fue lo que generó la polémica. La situación se reduce a que el Gobierno quiere, en últimas, limitar la presencia de los medios de comunicación en las liberaciones y estos se oponen. Así las cosas, el debate sobre la libertad de prensa está a la orden del día, y no se hacen esperar las voces que, de cada lado, imprecan a su contraparte.
En opinión de los autores, el asunto es de sumo cuidado. Se ponen en juego dos principios fundamentales del ordenamiento jurídico: la libertad de expresión y el orden y seguridad estatal. Es, desde luego, fundamental el acceso público a la información clara. Ese es un derecho constitucional. Pero es igualmente necesaria la preservación del orden público y la guarda de las instituciones del Estado. En torno a esta divergencia giran las posiciones encontradas: los periodistas, con buen sentido, defienden a ultranza lo que ellos llaman “el derecho a la información” y asimismo, el Gobierno defiende la dudosa postura de la “seguridad nacional.” El problema radica en que ambos lo hacen de manera extrema; los periodistas creen que el derecho a la información llega hasta las más extremas consecuencias, incluso hasta la esfera de lo privado.
Con todos los hechos citados anteriormente, es pertinente concluir que: 1) Para evitar este tipo de problemáticas, el manejo mediático que se le debe dar a este tipo de problemáticas, no debe ir encaminado a buscar lo que en el medio periodístico es denomina como “la chiva.” 2) El manejo de la información, que los diferentes medios de comunicación proporcionan a la ciudadanía, en este tipo de acontecimientos, debe ser transmitido de una manera imparcial, para evitar de esta manera, que la noticia llegue distorsionada a los receptores. 3) El gobierno nacional, al llevar a cabo intervenciones de esta índole, debe asignar lugares o momentos específicos, para que el periodista pueda llevar acabo su labor, y, ninguno de los derechos mencionados anteriormente se encuentre en peligro de ser vulnerado. De dichas conclusiones, podemos deducir que entre el gobierno nacional y los periodistas es necesario encontrar un punto medio. De no ser así, como lo hemos expuesto a lo largo de este texto, la seguridad nacional cada vez se verá más afectada; más allá de los efectos entre estas dos partes, los derechos de los ciudadanos entre ellos los ex-secuestrados, pueden terminar siendo vulnerados.
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