La legalización del consumo de estupefacientes

LA LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES
¿REAL SOLUCIÓN AL CONFLICTO COLOMBIANO? PROS Y CONTRAS
STEPHANIE BARÓN Y CAROLINA COLMENARES

Expresa Salomón Kalmanovitz “La fibra moral de la Nación se ha resquebrajado. Ha crecido el consumo de drogas entre la población y aumentan los adictos. Los valores de un capitalismo justo basados en el trabajo duro, la organización racional y la inventiva han sido desplazados por el principio de que el crimen paga muy bien, mientras que el trabajo es para los idiotas.”

El narcotráfico, es sin duda alguna en nuestro país fuente de enriquecimiento para unos pocos, y para muchos es la germinación de muerte acompañada de dolor, violencia, sangre e injusticia.

No es necesaria una investigación exhaustiva para darnos cuenta que Colombia como uno de los mayores productores de cocaína mundial, carga una guerra a cuestas que se ha llevado la vida de cientos de personas inocentes, que a causa de la necesidad y poca oportunidad de un empleo que de sustento a una familia entera, debe recurrir entonces a trabajar dentro de este mercado negro, que ha generado rechazo en la sociedad internacional y que ha estigmatizado a los colombianos en el exterior, obligándonos a todos a cargar esa cruz.

Es por todos estos motivos que Colombia desde hace varios años ha empezado su lucha en contra de las drogas penalizándola hasta el momento, y recibiendo apoyo internacional para acabarla. Sin embargo, el narcotráfico, a pesar de todos los proyectos y planes que se han trabajado para acabarla, va en aumento frente a los estados mundiales, ya que se ha ido encontrando la forma de crear un mercado negro demasiado sólido en otras partes del mundo, donde Colombia se lleva el papel del mejor productor, permitiendo entonces que estas sustancias lleguen a millones de personas (la mayoría drogadictos) y poco a poco se vayan destruyendo así mismos.

En vista que son muchos los planes y proyectos existentes en contra del narcotráfico y al ver que esta lucha insaciable sigue cobrando vidas, y no disminuye, empieza a desequilibrar las opiniones de la sociedad y al mismo tiempo genera que todos los colombianos nos preguntemos a diario si realmente se le está dando el trato adecuado a esta lucha o simplemente vamos en contra de la corriente. Por estos motivos nos permitimos la realización de un pequeño análisis de los Pro y Contra de la legalización, y sus posibles consecuencias.

La comprensión del problema de la legalización de las drogas se mueve en un escenario complejo pues implica la atención sobre una relación tripartita difícil de fraccionar: producción, distribución y consumo. La denominada guerra contra las drogas ha atacado estos tres frentes a través de estrategias diferenciadas pero que en últimas hacen parte de una política unificada encaminada a acabar con estas. De este modo, la erradicación de cultivos ilícitos, el desvertebramiento de organizaciones de narcotraficantes y la penalización y prevención del consumo, aparecen como los instrumentos más recurrentes para alcanzar dicho fin. A pesar de la exigencia de realizar un acercamiento integral al problema y teniendo en cuenta que el debate en torno a la penalización del consumo, máxime si se realiza en un país reconocido como uno de los mayores productores de drogas y cuna de algunos de los más poderosos narcotraficantes, debe ser asumido dentro de una perspectiva más amplia, cual es la de la legalización de las drogas. Esto nos impone entonces la tarea de aclarar que desde la perspectiva jurídica a partir de la cual construimos nuestro discurso, es posible e incluso necesario diferenciar la penalización de las conductas enunciadas, pues afectan, a nuestro modo de ver, bienes jurídicos distintos que reclaman a su vez formas diferentes de protección e intervención estatal y por consiguiente, el hecho de que la despenalización del consumo coexista con la ilegalidad del mercado de las drogas, no implica una contradicción. Si así fuera, el estudio jurídico de la primera, al margen del problema integral de la legalización, resultaría inocuo.

En Colombia, la cuestión de la penalización del consumo de drogas ha respondido a una política criminal cuyos escasos argumentos jurídicos sólo vienen a ser expuestos en el salvamento de voto de la controvertida sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza la dosis personal (C – 221/94). Esta situación se explica porque dicha política ha intentado responder a la necesidad de atacar a las organizaciones de narcotraficantes y no a la de proteger determinados bienes jurídicos, tal como lo manifiesta el pronunciamiento del Procurador General de la Nación en la aludida sentencia: “La penalización o no del consumo, su tratamiento como delito o contravención, la determinación de porciones máximas como dosis personal, son consecuencia fundamentalmente de la política criminal que en un momento determinado haya adoptado el Estado en materia de lucha contra el narcotráfico” . Así, la debilidad de los argumentos jurídicos, sumado al ingenuo argumento que en últimas justifica dicha política, cual es que si se penaliza el consumo se reducirá la demanda de tal manera que se propiciará un golpe a la estructura económica de las organizaciones narcotraficantes, reiteran la duda frente a la legitimidad del Estado en su accionar frente al problema de las drogas y cuestionan específicamente la penalización del consumo: ¿se justifica que el Estado utilice la violencia punitiva restringiendo el derecho fundamental a la libertad en aras de una política criminal ineficaz? La respuesta podría ser afirmativa si se tratase de un Estado autoritario, pero no en un Estado como el que promete la Constitución Política del 91.

En este orden de ideas, los culpables del problema de las drogas no son los campesinos cultivadores, ni los consumidores; porque sobre eso ya hay afortunadamente, un cierto acuerdo social y académico. Los responsables tampoco son, como a veces se piensa, los narcotraficantes, por violentos que estos sean, ni las autoridades, por corruptas e hipócritas que sean a veces sus actuaciones. El gran culpable no es una persona o una institución sino mas bien la existencia de una política equivocada a nivel internacional, fundada en la prohibición absoluta o relativa de unas drogas que, a pesar de esa prohibición, cuentan con una demanda importante y una cierta aceptación social, donde muchas veces los costos del prohibicionismo superan con creces sus eventuales beneficios.

La prohibición fomenta la creación de un derecho penal cada vez menos liberal y con mayores restricciones a las garantías ciudadanas. Por ejemplo en los Estados Unidos, la lucha contra las drogas ha minado las libertades civiles, posibilitando tests obligatorios para detectar consumidores y así aumentado las facultades policiales de detención y registro. De otro lado en prohibicionismo evita un control de la calidad de los productos por el Estado, lo cual resultaría muy grave para la salud pública. Supongamos por ejemplo que el alcohol estuviese prohibido. En tal caso uno no podría comprar tragos certificados en expendios, sino que tendría que recurrir a compras clandestinas. ¿Podríamos imaginarnos las cantidades de muertes o de personas ciegas por trago adulterado con alcohol metílico? Pues eso precisamente es lo que ocurre con el mercado de las drogas.

Y es que la prohibición tiene no solo efectos penales, al inducir a conductas delictivas muy diversas, sino que facilita la consolidación de dispositivos autoritarios más propios de estados policiales que de regímenes democráticos y Estados de derecho. Pero la prohibición desbordan los Estados nacionales y se proyectan en forma peligrosa a las relaciones internacionales, pues en años recientes la lucha contra las drogas asume formas militares e intervencionistas.

De igual forma el prohibicionismo, lejos de permitir un mayor control de la producción, distribución y consumo de las drogas ilícitas, “descontrola” ese mercado, sometiendo así a los usuarios a redes violentas de distribución, con todos los efectos malignos que he señalado anteriormente. “Los costos de la prohibición son entonces enormes, mientras que su único eventual beneficio -una posible disminución de los abusos de sustancias sicotrópicas gracias a la intervención punitiva del Estado- es incierto, puesto que los eventuales beneficios del prohibicionismo son infinitamente menores a sus costos. Porque en muchas ocasiones no son las drogas las que matan, sino la prohibición”

Es necesario advertir en primer lugar que, contrario a lo que desprevenidamente suele creerse, el Estado Social de Derecho choca con una concepción paternalista precisamente por el concepto de libertad sobre el que se funda. El Estado Social no niega los principios del estado liberal, sino que los supera mediante la consagración de formas de intervención estatal encaminadas a garantizar la efectividad de los derechos liberales por excelencia o según otra acepción del término, los derechos de libertad negativa. El paternalismo es despótico no porque sea más opresivo que la tiranía sino porque es un insulto a la concepción del ser humano como ser facultado para realizar su propia vida de acuerdo a sus fines, no necesariamente racionales. La concepción del Estado por el Constituyente del 91, con el reconocimiento y protección de unos derechos fundamentales, asegura al individuo un ámbito dentro del cual él puede decidir sobre sus acciones; se busca garantizar que el individuo pueda hacer uso pleno de su conocimiento y de su capacidad de discernir.

En la sentencia de la Corte que despenaliza la dosis personal (sentencia C-221 de 1194) se desarrolla la idea de que todas las formas de forzar a los seres humanos por medio de la norma, todo control de pensamiento y todo condicionamiento implican una negación de lo que constituye a los hombres como tales y a sus valores como esenciales. Este fallo sentó un precedente sobre el alcance de la libertad del individuo en un Estado Social de Derecho y materializó las concepciones filosóficas más profundas sobre libertad que se vienen gestando desde antes de la Revolución Francesa.

Sin embargo, dicha libertad no es entendida en sentido absoluto sino que está limitada por los derechos de los otros. Sobrepasar este límite implica por tanto un abuso del derecho, el cual está expresamente prohibido en la Constitución del 91 (Art. 95. núm. 1). Es entonces necesario determinar si el consumo de drogas configura o no un abuso del derecho a la libertad individual.

Quienes están a favor de la penalización, sostienen una postura afirmativa al respecto, argumentando que el consumo de drogas amenaza la vigencia de un orden justo y pone en peligro derechos como el disfrute de un ambiente sano, siendo entonces preciso “proteger a la sociedad de los efectos perniciosos de la drogadicción” . De otro lado, el consumo también configura una desviación de los límites intrínsecos en el ejercicio del derecho pues como lo expresa G. Mazzini, “la verdadera libertad no consiste en el derecho a escoger mal, sino en el derecho a elegir sólo entre las sendas que conducen al bien”. Es tal vez este el argumento más autoritario y por tanto más contrario a nuestro ordenamiento constitucional pues intenta justificar la represión estatal con el objetivo de orientar la conducta humana de acuerdo con una determinada concepción de lo que es moralmente correcto.

Sin embargo, las opiniones dentro de la sociedad tanto nacional como internacional están divididas frente al tema, motivo por el cual ahora se analizarán algunos de las razones por las cuales no se ha generado, ni aceptado una postura convéncete de legalización en la comunidad internacional.

Es precisamente la Comunidad internacional, uno de los primeros antecedentes por los cuales no se aplica una reforma de legalización, ya que desde hace muchos años ella ha venido trabajando en la lucha contra los estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que causan un daño irreparable a la sociedad, según el informe anual de la JIFE la primera comisión reunida para el control del opio se realizó en China en 1909, año desde el cual se dio inicio a un cambio en dicha situación y dio el impulso a los esfuerzos encaminados a crear un régimen de fiscalización internacional de drogas siendo entonces el punto de partida de la unificación de una postura internacional en contra de las drogas, abriéndose al mundo por medio de un sistema de tratados internacionales que actualmente comprende los tres principales tratados en la materia: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

La unificación de esta postura ha sido el resultado de que las partes ratificantes de los tratados constituye el 95% de los países mundiales, los cuales surgen a raíz de:

“Las Partes en la presente Convención, Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad, profundamente preocupadas asimismo por la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que entraña un peligro de gravedad incalculable, (…)Deseosas de concertar una convención internacional que sea un instrumento completo, eficaz y operativo, específicamente dirigido contra el tráfico ilícito, en la que se tomen en cuenta los diversos aspectos del problema en su conjunto, en particular los que no estén previstos en los tratados vigentes en la esfera de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas, (…)

Es por ello que la legalización de las drogas en Colombia, sería un retroceso significativo a lo logrado por la comunidad internacional desde hace 100 años, lo que implicaría que muy probablemente dejara de obtener ayuda de organizaciones internacionales y de otras naciones como por ejemplo Estados Unidos, que anualmente reportan una cantidad económica relevante para combatir el narcotráfico. De igual manera es muy difícil que un país como Colombia funcione adecuadamente sin un apoyo internacional, ya que de cierto modo tiende a beneficiarse con muchas campañas desarrolladas por organismos internacionales que brindan su apoyo, y se reitera que son muy pocos los países dispuestos a promover la legalización de las drogas.

Si bien es cierto, la legalización de las drogas generaría una disminución en los precios dentro del mercado y por ende la rentabilidad del negocio también lo haría, no sería del todos cierto que con ello se acaben los grandes capos del narcotráfico ya que, es bien sabido que tendrían los recursos suficientes para llegar a constituir un oligopolio de producción y venta de las sustancias e ultimas que equilibraría esa reducción de riqueza con un manejo entre factores de venta y consumo. ¿Pues quien asegura que así como los precios bajan la oferta disminuye? En la actualidad, penalizándose su producción oferta y consumo, por parte de la sociedad internacional, existe un amplio numero de compradores (contando que estas sustancias en otros países tienen un mayor valor) sin importar el precio, si este disminuye es más probable que la oferta aumente y que se genere un problema de salud pública demasiado grave, que conllevaría que Colombia cargara con mas muertos de los que ya ha puesto.

Por otra parte este abaratamiento de las drogas, generaría un efecto contrario sobre la sociedad, pues si bien es cierto las personas drogodependientes tendrán mayores posibilidades de acceder a dichas sustancias, lo que además genera un índice de aumento de inseguridad, ya que gran parte de los delitos son cometidos bajo el efecto de sustancias alucinógenas , es decir la delincuencia podría aumentar en gran medida.

La Constitución Nacional consagra la protección a diversos derechos, y mucho de ellos enfocados a la libertad, y se convierte entonces este, en otro de los argumentos para la legalización donde la persona pede elegir actuar libremente previendo que esta bien o que está mal para ella, sin embargo quien se droga no es libre, tal como lo expone Jordi Cebrián y muestra como el drogadicto no tiene tampoco la voluntad (no es libre) para determinar su dependencia, pues ya es un preso más de las drogas, “De este modo se ve la prohibición como una imposición intolerable que reduce la libertad de elegir de los individuos. Pero este argumento es falaz, dado que los drogadictos no son capaces de decidir libremente debido a su adicción. La prohibición, lejos de recortar las libertades, intenta impedir la esclavitud a la que las drogas someten a sus usuarios.”

Frente a este punto es necesario pensar en que sucedería entonces cuando se cometan delitos bajo el efecto de estas sustancias, la responsabilidad debe ser asumida, pues no se puede crear impunidad pero nos quedan algunos interrogantes frente al tema ¿será una causal de exculpación, ya que el individuo no tiene plena capacidad, ni voluntad de lo que está haciendo? ¿Cómo entonces se va a regular este problema si el estado pierde toda posibilidad de fiscalización sobre el tema y su regulación sería bastante limitada, y la impunidad reluciría? Como se mencionó con antelación existen varios estudios que demuestran la seria relación de la drogadicción con problemas de desarrollo fisco y moral de las personas, un gran crecimiento de conflictos de salud pública se presentarían, y la degradación del ser humano iría cada vez más rápida, ya que somos consientes que en Colombia no existe una clara conciencia de los perjuicios que se pueden generar con el uso de este tipo de sustancias, ni tampoco se está preparado ni educado para dar un cambio tan trascendental en el tema, pues si hoy en día con la prohibición de sustancias se encuentran múltiples casos en los cuales la drogodependencia a terminado prácticamente con la vida de las personas, ¿como se va a controlar permitiéndola?

Otro punto importante, yace en la idea de “si se legaliza la droga, ¿Cuáles son las sustancias permitidas?” pues existe un gran numero de sustancias alucinógenas, que están prohibidas y otras frente a las que no existe legislación alguna, pero que, sin embargo generan efectos similares a los de la cocaína, ¿Cuál sería el criterio clasificador de las diferentes sustancias para ser permitidas? ya que al ser algo que se va a generalizar de todos modos requiere de regulación para no generar un desequilibrio tan grave como el que ya existe, pues si el fin de legalizar, es acabar con el narcotráfico, y tanta muerte que ha producido es necesario y prácticamente obligatorio que la legalización se desarrolle dentro de diferentes planes y proyectos que llenen de conciencia a las personas sobre el abuso de dichas sustancias y así el numero de víctimas no sea más alto aún.

Si algunas sustancias como lo son el alcohol y el tabaco, por sus efectos nocivos son restringidos para cierta parte de la población, (menores de edad) los estupefacientes y sustancias sicotrópicas, deben también ser restringido a una determinada parte de la población pues estas sustancias no son del todo benévolas para el cuerpo humano, y sus consecuencias pueden ser catastróficas, entonces “Si se legaliza sólo para mayores de edad, ¿cómo se impide que haya un mercado ilegal para los menores? Si sólo se legaliza para drogodependientes, ¿cómo se identifican y censan? ¿Cómo se impide el tráfico ilegal desde los identificados y controlados hacia los que no quieren darse a conocer (razones familiares, laborales...) o lo son esporádicamente? ¿Qué pasa si quieren más dosis de las recetadas?” Es importante tener en cuenta que al legalizar el Estado pierde gran parte de su capacidad para tomar decisiones frente a tema, sin embargo se debe desarrollar legislación que trate las consecuencias del mercado negro que se generaría para la venta de sustancias, para aquella parte de la población a la que se le prohíbe el consumo de estas sustancias, además se deben buscar distintas soluciones a los conflictos de índole de drogadicción, ya que la dependencia a ellas es mucho más frecuente y se desarrolla con mayor facilidad.

Es entonces, el anterior punto de gran relevancia que lleva a reflexionar que la legalización no es la mejor salida, ya que lleva implícita demasiados factores que nos se pueden tomar a la ligera y que requieren de un estudio juicioso y adecuado estudiando las posibles consecuencias de la decisión.

Ponencia:

La guerra contra el narcotráfico ha ido creciendo en gran medida y ha causado grandes problemas a nuestra nación, dejando un sinnúmero de victimas que van desde los mismos campesinos sembradores, los grandes capos hasta los consumidores, este conflicto lleva inmiscuido un circulo vicioso frente al cual se debe actuar con prontitud para romper esta cadena de muerte, dolor e ilegalidad.

Al estudiar las distintas perspectivas del problema, encontramos que existen argumentos muy fuertes y veraces, sin embargo nos unimos a la opinión de muchos colombianos donde una posible solución es ir de la mano con la legalización, así como lo expresa Rafael Guarín (columnista de “el nuevo Herald, revista semana on line”) que frente al tema argumenta que “las drogas debe enfrentarse con una óptica económica y atendiendo las leyes del mercado, en otras palabras, lo único que parece enfrentar el problema es la aplicación de las leyes del mercado a través de la llamada legalización. La cuestión es que una decisión de este tipo requiere ser tomada en escenarios internacionales donde no parece tener, por el momento, acogida. El problema es más grave para Colombia si se tiene en cuenta que la cooperación estadounidense esta ligada al combate a las drogas lo que reduce su capacidad de maniobra e iniciativa en la materia”

Es de menester recalcar que se cree conveniente la oportuna actuación del estado, ya que cada vez está cobrando más muertes injustas, del mismo modo, cualquiera que sea la decisión tomada es necesario que se desarrollen campañas serias y sólidas que ayuden a la formación integral de cada persona, que le permitan desarrollar su vida apartados de la droga, la violencia y la delincuencia, no obstante se cree también conveniente que para esta lucha actúen conjuntamente el Estado y la sociedad, ya que la guerra es de todos y no únicamente de aquellos que protestan por su libertad de consumo y que quieren ponerle frente a la situación de una forma no convencional, ya que las herramientas usadas hasta el momento han sido de cierta forma obsoleta.