El derecho a la vida y las operaciones militares.

EL DERECHO A LA VIDA: POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Andrea Delgadillo, Jimena Vélez y María Juliana Rincón C

La vida es el derecho que tiene toda persona a existir y a gozar, sin excepción alguna, como está plasmado en el art 11 de nuestra carta magna “El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”, por lo mismo es considerado el derecho mas importante de todos y alrededor del cual se rige la constitución colombiana. La Corte Constitucional ha enseñado que el Derecho a la Vida esta tan íntimamente ligado al ser humano que no es necesario tener ningún reconocimiento expreso en la ley para poder reclamar su protección. El conflicto que ha vivido por mucho tiempo y aun vive Colombia, ha violado de manera atroz muchos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, por lo tanto la lucha diaria para protegerlo se ha hecho cada vez mas importante, por esto desde el 2002 con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se inicio una política gubernamental que propuso un papel más activo de la sociedad para combatir los grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales, con el fin de detener dichas atrocidades.

La política de seguridad democrática ha sido una política de protección sistemática de los derechos humanos, el estado a través de sus fuerzas públicas ha cumplido un mandato y trabaja día a día por la consolidación de la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, asegurando la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional.

A través de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática del ministerio de la defensa, el gobierno busca proteger el derecho a la vida de los colombianos llevando a cabo por parte de la fuerza pública tres fases: Fase 1 – Control de área, Fase 2 – Estabilización y Fase 3 – Consolidación.

El Control del área se implementará en zonas donde persista la presencia activa de los grupos armados ilegales, estructuras del narcotráfico y bandas criminales, así como en zonas de desmovilización de las autodefensas ilegales. A través de un esfuerzo intensivo en operaciones militares, el Estado deberá cumplir el objetivo de desarticular y neutralizar estas organizaciones criminales y, simultáneamente, romper las redes e infraestructura del narcotráfico en la zona.

La estabilización se consiste en establecer unas condiciones mínimas de seguridad con el fin de que pueda iniciarse el proceso de recuperación institucional, es decir, que las instituciones y agencias del Estado puedan continuar o, en algunos casos, iniciar el desarrollo de sus labores. Esta fase tendrá como prioridad la satisfacción de las necesidades básicas y más inmediatas de la población.

Por último la consolidación, se debe dar la transición de la satisfacción de necesidades básicas de la población a la prestación efectiva de todos los servicios esenciales del Estado como la educación, la salud, la justicia, las obras de infraestructura, la recreación, etc. Durante esta fase se realizará, necesariamente, un esfuerzo intensivo en el ámbito político, económico y social. Por supuesto, el esfuerzo policial y, en determinados casos, militar se ejercerá selectivamente para garantizar el mantenimiento de estas condiciones.

En conclusión, queremos mostrar cómo la política de seguridad democrática se ha esmerado en reducir el índice de homicidios desde su implementación hasta el 2007, ya que un indicador importante para medir la violencia dentro de un país es a partir del índice de homicidios o de muertes violentas que se presenten en regiones o ciudades. Como mencionamos anteriormente, el conflicto colombiano ha pasado por encima de muchos derechos humanos y uno de ellos, el más importante, la vida. A partir de esta tasa de homicidios de pueden observar dos cosas importantes: la primera, que es el impacto de las acciones de los grupos insurgentes sobre la población y segundo, el impacto de las políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos para contrarrestar dichas acciones, al analizar dichas graficas se pudo encontrar que durante 1990-2007se pueden establecer tres periodos que caracterizan o ilustran la época que se vivía y que se vive en el país: la primera de ellas va desde 1990 hasta 1998, en 1991 se considera que es el periodo mas critico, donde se registraron 28256 homicidios debido al aumento de la presencia territorial de grupos guerrilleros, el aumento de numero de frentes y posicionamiento estratégico en algunos territorios del país, durante este año el numero de muertes fluctuó hasta llegar a 23087 en 1998 (cifra mas baja del periodo). El segundo abarca desde 1999 hasta 2002 donde se estableció una zona de dispersión para los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC; esta fue una época caracterizada por la expansión de las AUC y la disputa territorial entre estos 2 grupos, estos enfrentamientos produjeron un incremento en la tasa de homicidios, registrándose el numero mas alto de muertes (28775). Por ultimo, el periodo que va desde el 2003 hasta el 2007, donde hubo un incremento de la capacidad ofensiva de la fuerza publica, la cual influyo en la desmovilización de los grupos de Autodefensa (los cuales utilizaban el homicidio como método para infundir terror y ejercer dominio sobre el territorio y la población) y por lo tanto hubo una disminución del numero de homicidios, es en esta época donde se han registrado los niveles mas bajos desde 1990. Es importante destacar que la reducción mas notoria de las muertes se dio entre 2003-2004, y durante 2005-2006 los homicidios se estabilizaron.

Una mirada a la política de seguridad democrática. El Desplazamiento

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y SU IMPACTO EN EL DESPLAZAMIENTO
CATALINA MAZ, MARÍA ALEJANDRA BAQUERO, JUAN MANUEL LEMUS, ANDREA CATALINA

La política de seguridad democrática que el presidente Álvaro Uribe tomó como una propuesta para su campaña política y que se ha venido desarrollando a lo largo de su gobierno, ha traído para el país tanto victorias, como derrotas, puesto que si bien se han logrado rescates de secuestrados y el debilitamiento de grupos al margen de la ley, por otra parte se han aumentado los índices de muertes violentas por parte del ejercito y el desplazamiento forzado como consecuencia de diversos factores tales como ataques o atentados terroristas a diversas poblaciones debido a presión por parte del ejercito y en otros casos por la no colaboración de los campesinos con dichos grupos y si con el gobierno nacional.

El desplazamiento se reconoce como una situación de crisis humanitaria. ¿Por qué hay desplazamiento en Colombia? Los grupos armados invaden las tierras de los campesinos, indígenas y demás personas que se ven obligados a abandonar sus tierras y a recurrir a otros lugares para vivir. Estos grupos armados muchas veces amenazan a estas personas para que se vayan de sus tierras, y otras veces simplemente las matan.

Lo que esto ocasiona, es que se multiplique cada vez más la pobreza y el desplazamiento en el país, porque gente que tenía su tierra y dependía de ella para sobrevivir, se ven obligadas a dejarla e ir en busca de una supervivencia que ni siquiera es segura.

El informe arrojado por la consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) del año 2008, muestra un aumento en el porcentaje del desplazamiento interno del 41%en relación al 2007, pues entre enero y junio del año pasado alcanzo la alarmante cifra de 270.675 más que en el mismo periodo del 2007. CODHES afirma que la crisis humanitaria que vive Colombia en relación con el desplazamiento, es un fenómeno que tiene origen en las “políticas de tierra arrasada en los planes contra insurgentes aplicados por el gobierno”.

Jorge Rojas, director de CODHES afirmo que la tasa nacional de desplazamiento es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes, aun cuando de los 32 departamentos 14 arrojaron impactos de por encima de la tasa nacional. El problema en las verdaderas cifras de desplazamiento es porque mientras el gobierno reconoce 2.6 millones de desplazados, CODHES afirma que esa cifra se aumenta hasta en un 30%, debido a que hay un subregistro de desplazados, es decir que existe un gran número de personas y de familias que no se registran en los datos oficiales. Para esta entidad la única solución a esta problemática está en la iniciación de diálogos entre el gobierno y las FARC, además de tener el gobierno que dar soluciones en aspectos políticos, sociales y económicos para iniciar una nueva etapa de “reconstrucción nacional”

El desplazamiento también es promovido por intereses económicos, ya que los grupos armados practican el desalojo de tierras y de zonas económicamente estratégicas con el fin de utilizarlas ilegalmente, estos procesos se dan más que todo en el campo ya que son lugares en los cuales se puede cultivar con facilidad cualquier tipo de cosas, y los damnificados por lo tanto son los campesinos que viven en esas tierras.

Para los grupos étnicos el desplazamiento forzado constituye una amenaza a la supervivencia de su patrimonio económico, social y cultural, ya que al ser despojados de sus hogares quedan prácticamente sin nada, sin patrimonio alguno.

La política de seguridad democrática se planteó en un principio como una política de conmoción interior, esto quiere decir que se debe usar la constitución para enfrentar a la guerrilla y a los grupos armados en general. Pero no solo con la conmoción interior se resuelve completamente el problema, se necesitan iniciativas legislativas y una reforma constitucional para buscar este fin tan deseado.

Parecería entonces que no hay ninguna seguridad democrática en esos lugares y se ve claramente un pluralismo jurídico en todo el país. Al gobierno le falta garantizar dicha seguridad democrática a las personas y le falta también hacer una prevención para que no se violen los derechos fundamentales en ningún momento y a ninguna persona. Los grupos armados entran a ejercer e imponer reglas y normas en lugares en los cuales el gobierno no está presente, manipulando a la gente y echándola de sus tierras simplemente por falta de intervención del gobierno en lugares como estos.


Sentencia T-025 del 2004

En la Sentencia T-025 del 2004 la Corte Constitucional le exige al Estado que respete los Derechos de la población desplazada. En ellas protegen a los desplazados pasados, presentes y futuros conozcan o no sus derechos. Tal como no los explica ACNUR en una breve reseña:

“La Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país, por un evidente “estado de cosas inconstitucional”. Afirma la Corte que el respeto y garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas, para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la ley por parte del Estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que le son propias, por lo cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas, dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la Efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de las políticas públicas.”

También exige un informe anual por parte de la Procuraduría General de la Nación en el cual le informen a la Corte como se está desarrollando lo exigido en esta Sentencia. De acuerdo al último reporte no se ha avanzado mucho en este aspecto y la calificación que le dan al Estado en cuanto al respeto y cumplimento de los Derechos de los Desplazados es BAJO.

Fuentes:
1. T-025 de 2004
2. CODHES pagina de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento.
3. El Espectador.com 30-sep-08